Cuando se pensaba que algunas actuaciones habían pasado a la historia, vuelven a darse sucesos donde éstas ocurren. Además se dan en contra de los que no pueden defenderse por sí mismos. Desde la más tierna infancia se segrega y se pone en riesgo la seguridad de personas con diversidad funcional.

Los hechos son que desde principio de curso los chicos que acuden al Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Cheste en la comunidad valenciana viajaban allí en un autobús sin dispositivos de seguridad homologados. Por ello, los padres de dichos muchachos recabaron más de medio millar de firmas con el objetivo de que se les proporcionaran a estos niños medios de transporte con la debida seguridad.

En cambio, su gozo en un pozo. Es decir, si bien durante el mes de diciembre han contado con un autobús que cumplía con las características de seguridad requeridas, a la vuelta de las vacaciones se han encontrado con que ya no disponían de ese medio tan necesario para llegar a ese Centro de Educación Especial que fomenta desde la más temprana juventud la segregación y la desigualdad.

Una vez más se hace obvio un ataque en contra de las personas con diversidad funcional, en esta ocasión desde el momento en que se suben al autobús escolar, desde el ámbito de su propia seguridad personal al no tener dispositivos adecuados de seguridad.

En el trayecto, estos niños iban amarrados, desde la vuelta de sus vacaciones, con correas, cuerdas y cinturones a sus asientos correspondientes y había un muchacho en silla de ruedas que iba amarrado a una barra para no caerse. Es decir, en palabras de los padres, si el niño va en el vehículo privado sin abrocharse el correspondiente cinturón, le cae al conductor o conductora una multa de 300 euros. En cambio, si el mismo niño se dirige a su centro escolar en un autobús, éste no sólo no está obligado a llevar cinturón de seguridad, sino que puede incurrir en un maltrato abusivo sin que gobierne el imperio de la ley.

Nada de esto tiene que ver con la segregación que originan los centros de educación especial, de todos conocida, sino más bien con la propia integridad física, en riesgo desde la subida al autobús escolar de unos niños que por el mero hecho de tener una diversidad funcional, sufren un trato vejatorio por parte del propio colegio y de las autoridades. Y lo peor de todo es que esas autoridades que se supone están ahí para proteger a la ciudadanía, en lugar de implicarse en los intereses de los ciudadanos humillados, se preocupan más por defender a una entidad como la Empresa de Transportes Metropolitana que ha sido la responsable de semejante acto. Eso por no citar al centro de educación especial Virgen de la Esperanza. Cabe preguntarse por la reacción de unos padres conocedores del peligro que corrían sus hijos.