Publicado 03 de febrero de 2007
La entrada en vigor de la ley de promoción de la autonomía personal, que sibilinamente administración y partidos políticos se empeñan en llamar de dependencia, está siendo un filón para que políticos organicen saraos y reuniones para explicar nada. La ley entró en vigor el 1 de enero, pero nadie puede acogerse a los servicios y prestaciones que establece.
El 22 de enero se constituyó, según una parte, el Consejo Territorial, que es el organismo que en el plazo de tres meses tiene que aprobar todo el desarrollo normativo. El dominical del 21 de enero de LEVANTE recogía un excelente artículo, basado en la visión de 4 personas con limitaciones funcionales severas. Me llamó la atención especialmente la situación que atravesaba una mujer que atiende en exclusiva a su marido, amputado de dos piernas, que no podía someterse a una operación quirúrgica porque no podía dejar de atender a su marido y no tenía quien le prestara apoyos durante el periodo postoperatorio. En ese momento, cuando se le dijo que no existían recursos y que se las compusiera como pudiera, que la lista de espera corría y que para ocupar su puesto en la mesa de quirófano había cola, se desmontó el discurso de partidos políticos y de representantes institucionales. El Libro Blanco de la Dependencia, el Estudio General de la Dependencia en la CV, las comparecencias en el Congreso y Corts Valencianes de expertos y responsables institucionales,…. Todo letra muerta; miles de euros en discursos, estudios, informes, conferencias, teléfonos de información,….¡ Para nada !.
Otro dato que se clavó en mi mente fue la denuncia de otra de las entrevistadas. Aludía a que los servicios de ayuda a domicilio prestan servicios para acostar hasta las 19,30 horas. Es decir que la hora de toque de queda para las personas carecen de autonomía para acostarse está fijada en las 8 de la tarde. La pregunta que cabe cuestionarse es si los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales se aplicaran ese toque de queda. ¿Celebraran actos electorales a partir de la hora de toque de queda o se aplazará a una hora que permita la participación cívica y social de los que carecen de autonomía personal?
La desproporción de acceso a medios de comunicación, existente entre los ciudadanos y los críticos, y las utilizadas por cualquier gobierno, puede distorsionar la realidad. Botón de muestra: el teléfono de información sobre la ley de promoción de la autonomía. Llamas preguntando si la ley ha entrado en vigor y te dicen que sí. Preguntas si el servicio de ayuda a domicilio tiene que funcionar sábados y festivos y no saben. Preguntas si puedes pedir la prestación para cuidados familiares y te dicen que no porque no hay impresos. Pero desde cuándo se han necesitado impresos para dirigirse a la administración. A lo máximo que llegan los trabajadores que atienden el teléfono es a leerte trozos de la ley.
Me ha llenado de confusión confrontar noticias aparecidas en los medios con decretos publicados en boletines oficiales de distintas autonomías. Así, una plaza residencial en Castilla León tiene un precio público de 750 euros y la persona que accede contribuye con el 75% de su pensión y la diferencia con el precio la cubre firmando un reconocimiento de deuda por si o por sus familiares directos. En cambio en la Comunidad Valenciana la cosa varía sustancialmente; no hay un precio único si no que según la necesidad de apoyos varía el precio desde los 1046 euros/mes para Válidos y Semi-asistidos, hasta los 1529 para los supra-asistidos. Pasando por los 1269 para los asistidos.
Los costes varían en función del personal, su cualificación y otra serie de variables. Pero llama la atención el hecho de que las normativas que regulan la aportación de las administraciones autonómicas de Castilla León, la Comunidad Valenciana y Navarra hacen referencia a los ingresos de la unidad familiar, mientras que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LEPA) dice que los ingresos a computar son los del beneficiario. Por cierto, lo mismo dice la Ley de Servicios Sociales de Navarra y ambas son anteriores a la fecha de publicación de las órdenes que regulan las ayudas del 2007.
La administración está buscando que los beneficiarios de la ley tengan que pasar por los tribunales para que el concepto “renta personal” se ajuste a lo que dice la ley y no se cambie vía reglamentos. De esa tela ya tenemos un traje los, entonces minusválidos, que vimos como, en 1984, el Decreto que regulaba el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos cambiaba el mandato de la ley, estableciendo que los ingresos a computar serian los de la unidad familiar.
El 22 de Abril deben de estar publicados en el BOE los decretos que articulan la LEPA. Consecuentemente no tiene que ser motivo de debate en las campañas electorales que se desarrollarán a lo largo de la geografía española, pero quienes no podemos rascarnos la nariz, quienes necesitamos apoyos generalizados y las personas de nuestro entorno que los prestan, quieren saber: si el servicio de ayuda a domicilio va a ampliar su actividad a los sábados y festivos, si se van a incluir las actividades de participación en la vida comunitaria, social y cívica en los apoyos a prestar por las administraciones, la participación del usuario en el coste del servicio, la intensidad y compatibilidad de los servicios y prestaciones,…. Y si la hora de toque de queda se va a alargar.
Lo que no sería razonable es que los candidatos a las elecciones participaran en actos que se celebrarán después de la hora del toque de queda y en sábado o festivo, si en sus respectivas circunscripciones electorales hay personas que están en la cama porque no hay quien las levante y asee. Menos razonable sería que la jornada electoral se celebrara en domingo si ese día hay personas que no se pueden levantar de la cama porque la ley que entró en vigor el 1 de enero no se cumple.
Valencia, 03 de febrero de 2007
Acerca del Autor Vicente Valero
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