Despues de ver por television la noticia de una madre de un pueblo de Valencia mendigando ayuda para hacer frente al pago de 7000 euros para tasas judiciales y diciendo que le habian retirado la gratuidad de la prestacion farmaceutica a la que los valencianos teniamos derecho desde 2003 y luego a otra madre exponiendo una situacion similar en cuanto a lo farmaceutico, no he podido resistir y he enviado un correo personal a los diputados de las Corts.
Señoría,
Lamento, no sabe cuánto, volver a dirigirme a usted pero la importancia del asunto no me permite el mirar para otro lado. En el último correo que le envié hacía referencia a la retirada de la gratuidad en la prestación farmacéutica a los discapacitados menores de edad, que se encuentra amparada por el artículo 20 de la ley 8/2008 de los derechos de salud de niños y adolescentes.
En uno anterior decía: “Me preguntaba el otro día como iba yo a apañarme este año con las medicinas y le dije que ahora un día como y otro me medico, las dos cosas al tiempo no pueden ser”.
Pues bien, la cosa ha cundido y el pasado día 21 aparecía en el programa “Espejo Publico” el testimonio de una madre valenciana que confesaba que tenía que retirarle medicación y alimentación a su hijo discapacitado por no poder costearla.
Pero lo que me llamó la atención fue su clarividencia, dijo que eso era un genocidio. Se notaba que era una madre joven que había estudiado historia y leído que el genocidio perpetrado por los nazis había empezado por las personas con discapacidad y que visto el éxito se extendió a: gitanos, comunistas, judíos,… Ahora bien, el genocidio se produce no solo por la acción de quienes lo cometen, sino que también por quienes miran para otro lado. Y yo no puedo girar la cabeza. La memoria y el respeto a tantos padres que se dejaron la vida para sacar adelante a niños con discapacidades severas no me permitirían dormir si no dijera que les parece fatal que habiendo medios y avances que permiten vivir a quienes hace años morían por falta de avances médicos, que de haber existido aun estarían con ellos.
Le ruego que como el niño de la noticia aun tiene 15 años, haga lo que esté en su mano para que durante los próximos tres pueda acceder a la prestación farmacéutica gratuita. La ortopédica y de ayudas técnicas ya las perdió por la derogación de un párrafo del estatuto del discapacitado por culpa, según el más honorable de los valencianos, del Gobierno central.
Yo pensaba que la derogación del párrafo del estatuto del discapacitado era responsabilidad de los 99 diputados de las Corts, a quienes habría que considerar los genocidas a los que se refería la madre del reportaje de Antena 3, pero dado que existirán informes jurídicos y justificacion jurídica que avale la autoria al Congreso de los Diputados, le ruego que la exija donde corresponda y me la haga llegar.
Yo he leído y releído el “Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” y no he encontrado amparo al alegato de que exista obligación por parte de las administraciones autonómicas a derogar lo establecido por ellas en el ejercicio de su autonomía. Cuestión distinta es que tenga la competencia para retirar fármacos de la cartera los financiados por el Sistema, pero allá cada cual con su conciencia y que cada palo aguante su vela.
Valencia, 24 de febrero de 2013
Acerca del Autor Vicente Valero
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