Denuncian al procurador la vulneración de los derechos de las Personas con Autismo

CASTILLA Y LEÓN. Ingresos en psiquiátricos, bajo diagnóstico y, por tanto, ausencia de tratamiento; falta de plazas educativas adecuadas y dificultades de acceso a los servicios de salud son algunos de sus problemas.

Niños con autismo y adultos jugando en un aula

No es la primera vez. En el año 2005 Autismo Burgos ya recurrió al Procurador del Común para explicar la situación de un menor con esta discapacidad que, por sus circunstancias familiares, terminó siendo ingresado en un hospital psiquiátrico y pasó de llevar una vida completamente normalizada a carecer de todo tipo de atención especializada como la que se le estaba prestando hasta ese momento.

La falta de plazas específicas para las personas con autismo está provocando situaciones así y generando una gran angustia en las familias que prevén que ante el fallecimiento de los padres sea ésta, la del ingreso en una institución psiquiátrica, la solución para sus hijos, con las consecuencias irreparables que supondrá para su evolución e integración social.

En Castilla y León solo existen para las personas con autismo las plazas de vivienda que han generado las propias asociaciones (y financiadas muy por debajo del coste real), es decir, que no hay ninguna de titularidad pública. Además, en los centros de atención a minusválidos psíquicos (CAMP) se les excluye porque no se contempla la atención a personas con problemas de conducta, que en algunas ocasiones son inherentes al autismo, y en el recientemente abierto Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad se les está excluyendo de forma explícita: ya se han conocido casos de personas expulsadas por ser consideradas “difíciles”.

La situación descrita es solo una parte de la falta de derechos fundamentales que acusa el colectivo, lo que ha llevado a la Federación Autismo Castilla y León a solicitar al Procurador del Común -lo hará hoy en una reunión con su titular, Javier Amoedo– una atención específica que pasaría, en primer lugar, por tener un reconocimiento propio como discapacidad -fuera del amplio “saco” de la discapacidad intelectual- porque sin él no existirá nunca una adecuada planificación de las atenciones que requiere, según explicó la presidenta del colectivo, Simona Palacios. Y es que, de hecho, las personas con autismo ni siquiera aparecen como tales en las estadísticas.

Son las asociaciones las que se ocupan prácticamente de cubrir todas las necesidades de los autistas, comenzando por el diagnóstico. En Castilla y León es mucho más elevado en las provincias donde existe un colectivo consolidado y activo. Las cifras no pueden ser más elocuentes: En Burgos, con una población de 370.000 habitantes, existen 50 diagnósticos y en León, con casi 500.000, apenas hay 13. La diferencia estriba en que Autismo Burgos lleva 25 años trabajando y en cambio su homóloga leonesa acaba de crearse.

Desde que en una familia aparece la sospecha de que un bebé puede tener autismo (en el 83% de los casos son ellas las que lo advierten) hasta que se llega al diagnóstico pasa una media de 20 meses. Por eso, la Federación propone que se pongan en marcha acciones formativas dirigidas a profesionales sanitarios y educativos para acelerar este proceso para que los afectados puedan incorporarse precozmente a la educación adecuada.

Uindades específicas

En este sentido, la Federación pide concertación de unidades educativas específicas ya que aunque en la comunidad autónoma hay alumnos bien escolarizados, no lo están todos. El modelo de aulas integradas en centros ordinarios es el que se considera más adecuado para estos niños que necesitan, además, de la formación especializada y continua del personal que se ocupa de ellos.

Otro servicio importante que demandan es el del acceso al sistema sanitario: “La complejidad del trastorno, la falta de especialistas formados, la dificultad de practicar determinadas pruebas, revisiones u operaciones hacen que no exista un acceso real a la carta sanitaria que los demás ciudadanos tienen garantizado”, asegura Palacios.

Por eso, reclaman médicos de familia y psiquiatras de referencia y, en el ámbito de los servicios sociales -con el que piden que la sanidad tenga una buena coordinación- un tratamiento especializado desde edades tempranas que resulta fundamental para un adecuado desarrollo posterior que, a la larga, supone un ahorro de los elevados costes económicos y personales de la falta de atención específica.

Angélica González / Burgos.18/3/2009. FUENTE: DiariodeBurgos.es

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