Cochabamba (Bolivia)

La marcha de una veintena de personas con discapacidad exige un esfuerzo extremo. La mayoría sufre discapacidad grave que les obliga a estar en silla de ruedas, por tanto, dependientes de otra persona.

Olivia Orellana es una joven de unos 18 años que empuja la silla de ruedas de su hermano. Dice que es muy sacrificado y que tanto subir como bajar es complicado. “Hay que subir subidas muy difíciles y bajadas complicadas. Tal vez pueda resbalar la silla y quién sabe qué va a pasar, pero hay que seguir”.

La Asociación Solcom nace para defender los derechos de las personas con diversidad funcional

JOSEP LLUÍS GALIANA ­

Todo cambio de mentalidad comienza con un cambio de usos y costumbres, entre los que destaca por su importancia la correcta utilización de las palabras y sus definiciones. Y precisamente eso es lo que propuso Ismael Lloréns al inicio de la presentación de la Asociación Solcom, de la cual es su secretario. Esta nueva organización no gubernamental de ámbito estatal nace con la firme voluntad de proporcionar asistencia legal con la que hacer efectivos los derechos de las personas con diversidad funcional «más conocidas como personas con discapacidad o por los términos peyorativos minusválidos y subnormales, afirmó Lloréns. Solcom es independiente, no recibe subvención pública alguna y se financia sólo a través de las cuotas de sus asociados». De esta manera, según este activista del Movimiento de Vida Independiente, desde Solcom se pueden formalizar recursos, demandas, denuncias y reclamaciones ante cualquier organismo, administración pública, juzgado o tribunal con total independencia. «Solcom nace, apuntó Lloréns, para defender los derechos de las personas con diversidad funcional y para denunciar el incumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU».

Las noticias sobre inmigración suelen asociarse a aspectos negativos que contribuyen a construir un miedo social en relación con los migrantes. Los profesionales necesitan formación específica para tratar la discapacidad con propiedad. Los medios son los responsables más directos de la construcción de un imaginario social en el que la comunidad gitana aparece vinculada con el mundo de la exclusión social, cuando no directamente de la delincuencia.

Con estas tres premisas como punto de partida, la Red Gallega contra la Pobreza (EAPN) y la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (AGARESO) han decidido difundir entre los profesionales de los medios de comunicación un manual de estilo que les ayude a ejercer su trabajo de una forma más responsable y luchar contra la discriminación de tres colectivos en riesgo de exclusión social: la comunidad gitana, las personas con alguna discapacidad y los ciudadanos migrantes.

La diputación de Valencia y el ayuntamiento de Ontinyent invierten medio millón de euros para habilitar un paseo pero sin acceso a quienes utilizan silla de ruedas.

Informado de la vulneración de derechos por miembros de una asociación local de personas con diversidad funcional, Alfonso Ruso, presidente de la diputación de Valencia, sugiere que si no pueden acceder que usen una cuerda.

Federico está en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, adonde le ha mandado un juez de Málaga durante dos años por agredir a su madre y a una cuidadora. No es la primera vez, ni mucho menos, y puede que tampoco sea la última.

Era un niño muy bueno, conbrillantes calificaciones escolares, pero las cosas se torcieron cumplidos los 12 años. La madre visitó médicos, ensayó terapias, buscó centros especializados y el apoyo de asociaciones de discapacidad mental. Los diagnósticos eran imprecisos, y luego sus delirios se mezclaron con las drogas, era ya imposible vivir con él. Si se levantaba cabreado me tiraba el tazón del desayuno, o rompía un cristal, no estaba en sus cabales, dice la madre, María, que, igual que para su hijo, solo quiere que figuren en este reportaje nombres ficticios. Es por miedo.

Si transcurrido ese plazo no hay resolución, a partir del día siguiente se tendrá derecho a la retroactividad

El pleno del Consell ha aprobado hoy un nuevo decreto sobre el procedimiento para reconocer a las personas en situación de dependencia, que reduce a seis meses el tiempo desde que se presenta una solicitud hasta que se obtiene la resolución en la que se le asigna un servicio o prestación.

El dueño del pub de Alicante denunciado por echar a trece jóvenes con síndrome de Down cuando éstos querían tomar una consumición un sábado por la noche ha aceptado un año de inhabilitación por los hechos.

Fuentes de la fiscalía de Alicante han informado a EFE de que, debido a la conformidad de este hostelero, se le aplica la condena mínima por este tipo de hechos, que es de un año según el artículo 512 del Código Penal.

El dueño del pub "Basic" prestó declaración ante el titular del juzgado número 5 de Alicante el pasado 1 de diciembre y, entonces, aseguró que no había echado a los jóvenes de su establecimiento, lo que contrastó con la versión dada al juez por los dos monitores que acompañaban al grupo de jóvenes.

hay unos 80 millones de personas con discapacidad en la UE

La comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, ha afirmado que el maltrato físico a las personas con discapacidad es un tabú en la Unión Europea, y ha pedido la implicación de los medios de comunicación para concienciar sobre este problema y combatirlo.

El dueño de un pub de Alicante que echó a un grupo de chicos con síndrome de Down será procesado por infringir el artículo 512 del Código Penal (ningún empresario puede negarse a prestar un servicio a un cliente por su condición). El titular del Juzgado número 5 de Alicante acordó ayer abrir procedimiento abreviado por esta causa tras interrogar al propietario del local, en calidad de imputado. Éste se enfrenta a una sanción de entre uno y cuatro años de inhabilitación.

El candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, ha propuesto hoy sustituir la actual ley estatal de la dependencia por otra norma catalana, que promueva el "máximo grado de autonomía personal de las personas dependientes".