Intervención de Mónica Sumay en el programa “Convivir en igualdade” de la Radio Galega. En la entrevista, la vicepresidenta de SOLCOM, explica la orientación y los objetivos de la asociación, así como las acciones realizadas, financiación y apoyos jurídicos de SOLCOM.

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EL SALVADOR. Como cualquier otro comprador entró en la tienda de ropa, pero antes que avanzara en su silla de ruedas más de un metro, una empleada lo detuvo y le dijo: “Lo siento, aquí no se puede entrar a pedir limosna”. El caso de este ciudadano salvadoreño no es único, según Maritza Melara, directora del área de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), hay casos en los que no se les presta la atención que se les da a otros consumidores, “en razón de su discapacidad”, dice.

La presentación de la asociación SOLCOM, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional, fue el plato fuerte de la jornada sobre “Diversidad funcional y derechos”, que se celebró el 24 de junio de 2010, en el centro social de Caixanova de Santiago de Compostela.

Este evento fue la puesta de largo de SOLCOM, ya que se trataba del primer acto oficial en el que participaba, y lo hizo de manos de su presidenta, María Luisa Ruiz-Jarabo, quien se dirigió a una heterogénea sala, en la que se reunieron, además de personas con diversidad funcional y familiares, abogados y otros profesionales.

María Luisa Ruiz Jarabo, presidenta de Solcom

A finales de 2009, con la determinante participación del movimiento asociativo gallego, se constituyó Solcom, la primera entidad orientada a la defensa de los derechos de la diversidad funcional (discapacidad) en el terreno judicial. Bajo los principios del Foro de Vida Independiente, que reivindica el derecho de las personas en situación de discapacidad a autodeterminarse y participar de forma plena de su ciudadanía, Solcom ha dado el salto a los tribunales, con el objetivo de allanar el camino de la justicia a quienes, por falta de medios o información, sufren la vulneración de derechos reconocidos en la legislación. La asociación, que rechaza subvenciones públicas y se nutre de la colaboración voluntaria de juristas de toda España, ha recurrido el decreto gallego que regula la asistencia personal (entre otras prestaciones reconocidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal) y la norma estatal que fija las cuantías máximas para cubrir los servicios reconocidos a las personas en situación de dependencia. La asociación gallega de usuarios de asistencia personal (Vigalicia) y Solcom celebraron ayer en Santiago la jornada Diversidad Funcional e Dereitos, con la colaboración de Caixanova, Ayuntamiento de Santiago y Fundación Granell. María Luisa Ruiz, presidenta de Solcom, estuvo allí.

Tras debatir varias de las peticiones, la comisión parlamentaria pidió al consejo que se desbloquee cuanto antes la directiva contra la discriminación

Cualquier ciudadano de la Unión Europea o residente en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo

Cincuenta millones de europeos son discapacitados. Aunque sus derechos estarán cubiertos por la directiva contra la discriminación, algunos creen que sería necesaria una ley específica, y se lo han hecho saber al PE en varias peticiones. El debate a finales de abril situó el tema en la agenda comunitaria, abriendo camino a una posible ley sobre los derechos de las personas discapacitadas. Un buen ejemplo de cómo contribuyen las peticiones a que se escuche la voz de los ciudadanos en la UE.

¿Por cuánto podría mejorar una vida?

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La razón de esta presentación es hacer hincapié en un derecho constitucional del que todo ser humano debe beneficiarse. Nos referimos al derecho A UNA VIDA DIGNA.

Si a una sociedad como la nuestra, (donde la discapacidad es invisible, y no hay conciencia de ella), se le añade el obstáculo económico que ciertas personas con discapacidad puedan tener, nos encontramos con una espiral en la que las personas con discapacidad siempre serán dependientes y nunca se las considerará elementos productivos y de valor, como cualquier otra persona lo es, y como lo son muchas personas con discapacidad que tienen la oportunidad de tener este tipo de apoyos que reclamamos para todos.

El padre de una niña con discapacidad denuncia la inexistencia de centros públicos habilitados para educar a menores con este tipo de problemas hasta los 3 años.

Daniela comenzará el colegio el próximo curso, pero todavía no sabe dónde. Como otros muchos niños, la mayor demanda que oferta de plazas en los centros educativos la deja, de momento, sin su primera opción, pero Daniela es especial. Porque su paso previo por la guardería no ha sido fácil. El diagnóstico de una enfermedad crónica, el síndrome de Angelman, lo cambió todo.

MÉXICO. La atención y apoyo a las personas con discapacidad no es exclusivo del gobierno, sino un compromiso de todos los sectores de la sociedad, tal como lo señala la nueva Ley de Atención a Personas con Discapacidad, aprobada por la 60 Legislatura local el año pasado, la cual tiene como finalidad normar las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de estas personas en iguales condiciones de calidad de vida, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los individuos.

Durante la jornada "¿Es posible (y deseable) una Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales?"

Expertos del mundo jurídico y social junto con fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas coincidieron este viernes en la necesidad de una regulación unitaria de una ley que garantice los derechos y servicios sociales.

Una sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo de Pontevedra reconoció el pasado 21 de enero el derecho de Alejandra Lobato, una menor con diversidad funcional (discapacidad física o psíquica) de Catoira, a poder continuar sus estudios en un centro convencional, anulando así la orden de la Delegación Provincial de Educación de Pontevedra que la obligaba a escolarizarse en un centro de enseñanza especial, segundo informó hoy en una rueda de prensa en Catoira, la madre de la niña afectada, Mónica Sumay.