Discapacitados de 9 a 16 horas, según Aguirre

Centros de día y ayudas, incompatibles según la Consejería

Ana García pasea por Madrid con sus dos hijas, María (dcha.) de 20 años y Clara, de 25, con de parálisis cerebral

Madrid veta las ayudas a los dependientes con plaza en un centro de día

Los que acuden a centros ocupacionales sí optan a ayudas económicas

En otras comunidades sí pueden aspirar a un centro de día y a una prestación

“¿Acaso mis hijas dejan de ser grandes dependientes por la tarde?”, se pregunta Ana García, madre de dos jóvenes con parálisis cerebral y el grado más alto de dependencia. María y Clara regresan del centro de día a las 16.30 horas. A partir de entonces, Ana se queda sola con sus hijas, las dos postradas en sus sillas de ruedas. Así lleva 20 años. Y hasta se siente afortunada de que “las niñas” no estén del todo limitadas intelectualmente. Otros ni siquiera pueden interactuar con sus propios hijos.

“La Ley de Dependencia no nos ha aportado nada; sólo más impotencia”, sentencia Ana, mujer de rabia y coraje.

Cuando la ley entró en vigor, esperaba obtener una de esas ayudas de 500 euros al cuidador. Pero la orden autonómica que aprobó la Consejería de Familia y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid vetó a los dependientes con plaza en un centro de día, de 9.30 a 16.30 horas, el acceso a una prestación económica de ayuda al cuidador. La misma incompatibilidad que regula -como es lógico y ocurre en todas las comunidades autónomas- para los dependientes ingresados en residencias, donde tienen atención 24 horas, 365 días.

“Muchos hemos renunciado a nuestra vida laboral por atender a nuestros hijos mientras podamos, y la Administración los prefiere en residencias”

En Madrid, cuando el dependiente cumple 20 años y deja de ir al colegio asistido por el sistema educativo, pasa al sistema de Dependencia, gestionado por la Consejería de Familia y Bienestar Social. Lo habitual es que los padres, entonces, lleven a su hijo a un centro de día y, en ese momento, pierden su derecho a solicitar una ayuda, de acuerdo con la orden autonómica 2386/2008.

Doble discriminación

“En esta comunidad se produce una doble discriminación: entre sus dependientes, porque quien va a un centro ocupacional, que está mucho mejor que gente como mis hijas, sí está optando a ayudas económicas; y con otras comunidades, porque en ellas sí se puede optar a un centro de día y a una prestación”, resume Ana.

Las principales perjudicadas son las personas que deciden cuidar de sus familiares en vez de llevarlos a una residencia, lo que suele ocurrir cuando los dependientes son los hijos y no los padres ancianos.

“Muchas madres hemos renunciado a nuestra vida laboral por atender a nuestros hijos mientras podamos, y la Administración prefiere que los ingresemos en residencias, y así nos lo propone”, apunta Ana, que ha impulsado una plataforma de padres en su misma situación.

“¿Por qué prefieren que los llevemos a una residencia si les sale más caro que un centro de día y una ayuda mensual de 500 euros?”, se pregunta. Una plaza en residencia cuesta unos 3.000 euros al mes; una en un centro de día, unos 1.200.

Maite: ¿Nadie me va a ayudar?

Maite está en la misma situación que Ana. Con dos hijos con parálisis cerebral y uno de ellos en un centro de día por las mañanas. Así resume esta mujer de 50 años su situación: “Mi hijo pesa 52 kilos, hacen falta dos personas para moverlo; tengo que cambiarle los pañales cuatro veces al día. Requiere una dedicación permanente. No hay dios que lo aguante sin ayuda. Al cabo de 30 años, cuando ya no pueda más, puedo plantearme llevarlo a una residencia, pero hasta entonces, ¿qué? ¿Nadie me va a ayudar?”.

“¿Habrá familia más desgastada en el mundo que una que tiene dos hijos con parálisis durante 25 años y no la de una abuelita que empieza a dejar de andar?”, se pregunta Maite.

“Es absurdo pensar que nuestros chicos no necesitan ayuda el tiempo que no están aquí”, apunta la directora de un centro de día. Las veces que este periódico ha preguntado a la Consejería de Familia por la lógica de la incompatibilidad no ha obtenido respuesta.

“El problema es que los plurideficientes son invisibles”, apunta Ana. “Ni siquiera nos representa quien debe representarnos”, dice señalando al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Javier Font, presidente de Cermi Madrid, explicó a este diario que el Comité ha creado un grupo de trabajo con la Dirección General de Dependencia para “modificar aspectos de la orden autonómica”, entre otras razones, porque tiene que permitir la “complementariedad” de ayudas para que “lo que no pueda dar un servicio quede compensado por otro”.

Paloma Díaz Sotero – Foto: Antonio Heredia | Madrid, 30/03/2009.
FUENTE: ElMundo.es

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