La Asociación SOLCOM denuncia la situación de discriminación de una niña de 6 años que no puede ir al mismo colegio que sus compañeros, porque unos informes técnicos así lo deciden.
La niña tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA) y asistió en cursos anteriores al Colegio Público Francisco de Aldana, de Cáceres. Ana Belén, su madre, se encontró con una desagradable sorpresa cuando el pasado 13 de septiembre –día del comienzo del curso escolar- al llevar a la niña al colegio se le informó que había sido matriculada en un centro de educación especial y no se le permitió acceder al aula.
La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura la había matriculado en otro centro sin el consentimiento de sus padres, algo que constituye un atentando contra la libertad de cualquier ciudadano en un estado de derecho, reconocido en nuestra Constitución. Desde mayo del 2008 está en vigor en nuestro país la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que, entre otros muchos, reconoce el derecho a una educación inclusiva de calidad frente a la segregadora en centros de educación especial. Para ello la Administración realizará los ajustes razonables para que nadie sea excluido del sistema general de Educación.
Es clamorosa la situación de indefensión en la que se encuentran estos padres, que después de un trimestre siguen sin poder enviar a su hija al colegio que ellos han elegido, amparándose en su derecho Constitucional a educar a su hija según sus principios y convicciones, lo que es un nuevo caso de vulneración sistemática y reiterada en nuestro país de los derechos humanos de las personas con diversidad funcional.
SOLCOM manifiesta su apoyo incondicional a Ana Belén Salas y a Francisco Félix Pérez en la defensa de los derechos humanos de su hija, puesto que escoger otra modalidad educativa que no sea la ordinaria, junto a sus vecinos y amigos, es segregar y discriminar a la niña y, por lo tanto, hacerla invisible. Si educamos a las futuras generaciones en una educación excluyente, ¿qué respeto y conocimiento tendrán sobre aquellos que funcionan de manera diferente? ¿Es esa la educación para la ciudadanía que se quiere transmitir?.
Finalmente, SOLCOM insta a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura para que tome las medidas necesarias que terminen con esta situación de discriminación.
Madrid, 20/12/2010. FUENTE: SOLCOM
Existe una gran tolerancia social e institucional al trato vejatorio, a la violencia psicológica sutil, y al abandono o falta de cuidados específicos, respecto de todas las personas. Quienes más sufren esa tolerancia son las personas en una situación de vulnerabilidad, siendo especialmente preocupante la situación de menores y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en los centros educativos. Muchos niños y niñas ven su derecho a desarrollarse y a la educación vulnerados de manera diaria por falta de adecuación las necesidades concretas de cada uno, por falta de motivación en el profesorado, o falta de medios. Es evidente que nuestros hijos e hijas sufren con frecuencia pequeñas vulneraciones de sus derechos que cuando se mantienen en el tiempo tienen graves consecuencias. Otras veces la vulneracíón es de tal intensidad que la recuperación del menor será muy difícil. Creo que necesitamos un nuevo modelo educativo que lleve aparejados los derechos individuales del alumnado y profesorado como colectivos, y como individuos. Pero el primer paso es que seamos consciente del daño que se está realizando, porque mientras sigamos tolerando ese tipo de conductas, seguiremos causando daño.
Amparo Díaz Ramos, abogada