La crisis del COVID 19 y el consiguiente Estado de Alarma en España ha suscitado situaciones que creíamos imposibles hace sólo unas pocas semanas. Hasta el punto de cuestionar los derechos humanos de los más vulnerables, las personas mayores y las personas con diversidad funcional.
Por un lado la situación en los hospitales se ha saturado de tal manera que están al borde del colapso en algunas Comunidades Autónomas y esto ha provocado que se traslade a los médicos la decisión de a quien tratar e ingresar primero en las UCIs, así como llegado el momento a quien se le suministra un respirador. Incluso cuando se debe trasladar a un paciente al hospital. Por los medios de comunicación nos hemos enterado que en estas situaciones se utilizan guías o manuales, donde se dan una serie de recomendaciones en este sentido y se prioriza a aquellos que tienen una expectativa de vida mayor o que no presentan deterioros de movilidad o cognitivos.
Por otra parte estamos también conociendo situaciones terribles en residencias de mayores y de personas con diversidad funcional. Falta de recursos materiales y humanos, sin hacer los test para saber si están contagiados o no, tanto residentes como los y las trabajadoras, sin preparación de cómo afrontar las situaciones que se han presentado. Sin relevo para el personal contagiado , sometido a una gran presión laboral y emocional. Con fallecimientos masivos de personas mayores en residencias de todo el Estado. Y además en soledad, ya que se prohibieron las visitas desde los primeros casos generando desinformación en los residentes y sus familias, que no saben que está sucediendo dentro ni en ocasiones como ésta su familiar. El estremecedor testimonio de una persona mayor desde una de las residencias más afectadas resume la situación: «Es la forma más sibilina de morir que he visto en mi vida. Convivimos con la muerte».
Esta situación es ética y moralmente inaceptable. Y atenta contra los derechos humanos, pues presupone una discriminación hacia determinadas personas. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad intrínseca y el mismo valor por el hecho de serlo. Debemos ser tratados igual tanto en hospitales como en residencias.
Conviene recordar además que son las personas mayores, aquellas nacidas en las primeras décadas del siglo XX que ahora tienen más de 70 años, las que con su trabajo, esfuerzo y sacrificio han construido lo que conocemos como Estado del Bienestar, que es lo que nos está permitiendo afrontar la situación. Son las que pusieron los pilares en la transición española para que disfrutemos hoy en día de una democracia moderna y un Estado de Derecho. Estado de derecho que no debería permitir esa discriminación por vulnerabilidad, porque va contra su propia esencia.
La calidad de un Estado, de una sociedad se mide por la protección y el trato hacia las personas mayores y los más vulnerables. No es suficiente con repetir desde las instituciones que no se va a dejar a nadie atrás, porque la realidad demuestra que muchas personas vulnerables ya han quedado atrás en esta crisis que se está llevando por delante tantas cosas. Y de la que tendremos que sacar conclusiones para no repetir los errores cometidos.
Es necesario revertir la situación de manera urgente, hacer test masivos y suministrar el material de protección necesario a las residencias y a personas que trabajan directamente con aquellos que necesitan apoyos para realizar las actividades de la vida diaria. Aliviar la presión que hay en estas instituciones contratando personal y acercar a las personas mayores a sus familiares a través de las nuevas tecnologías, para mantener las informadas y en contacto.
Alejandro Rodríguez-Picavea Matilla