GALICIA. «En la Administración no hay personas con discapacidad contratadas de forma estable», se quejan desde Aspas. Las asociaciones piden que la Xunta establezca cuotas específicas para este colectivo en las oposiciones, como ya hace la Junta de Andalucía.

La Ley de Integración Social y Laboral de los Minusválidos de 1982 es, por el momento, la principal referencia de la inserción en el mercado de trabajo de los discapacitados. En ella se establece que en las empresas, públicas y privadas, con más de 50 empleados debe haber al menos un 2% de discapacitados. Lo que no garantiza la ley es una cuota específica para los psíquicos, y el resultado es que, 27 años después, este colectivo sigue teniendo problemas para acceder a un empleo digno. Curiosamente, donde encuentran más dificultades es en el sector público, a pesar de que la Administración reserva hasta un 7% de los puestos de trabajo para personas con diversidad funcional.

«No se le puede exigir a un discapacitado psíquico que se aprenda la Constitución española o el Estatuto de Autonomía, no es justo», apuntan desde la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Psíquica de Santiago (Aspas). A esta misma conclusión podría llegar cualquiera, «cualquiera menos lo que hacen las leyes», lamenta uno de los responsables de la Federación de Asociaciones en Favor das Persoas con Discapacidade intelectual en Galicia (Fademga). Y no le falta razón.

En la oferta de empleo público gallega, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía -referente en la integración social y laboral de este colectivo-, no existe una reserva de plazas para discapacitados psíquicos y estos se quedan fuera porque no pueden competir en igualdad de condiciones con personas que presentan minusvalías físicas.

Las asociaciones integradas en Fademga solicitan que en Galicia se establezca una cuota específica para discapacitados intelectuales en las oposiciones. La idea es imitar a Andalucía, donde del 5 % de plazas que se reservan para discapacitados, un 1%, están destinadas a personas con discapacidades psíquicas.

«Los discapacitados hacen el mismo examen que el resto, pero como hay un cupo de plazas reservado para ellos, entran los que saquen mejores notas», explica un representante del Sindicato Andaluz de Funcionarios. Lo que pretende la Junta de Andalucía es que solo compitan entre ellos y que, de esta forma, lo hagan en igualdad de condiciones. «Y algunos incluso acceden a una plaza porque les corresponde por nota, fuera de este cupo», añaden desde el sindicato.

En Galicia, el camino hacia su integración laboral se antoja bastante más largo. «En el sector público no hay personas con discapacidad intelectual contratadas de forma estable», afirman desde Aspas. «Hemos pedido una explicación a la Xunta, pero todavía no nos la han dado». Fademga apunta en esta misma dirección: «peleamos por la igualdad de oportunidades en el acceso al ámbito público desde hace ya tres años». La idea de fondo es conseguir que ese Estado que «protege» a los discapacitados con ayudas y subvenciones dé un paso más en su integración y les garantice el acceso a un puesto de trabajo digno en la Administración pública. Y las asociaciones, los discapacitados y sus familias lo tienen claro: el punto de partida debe ser, tiene que ser, la igualdad de oportunidades.

Oferta laboral muy limitada

«Los puestos son siempre de ‘ayudante de’, ‘auxiliar de’…», se quejan desde Fademga. Y las estadísticas confirman que la mayoría de los discapacitados ven limitadas sus opciones laborales a puestos que requieren una escasa cualificación y especialización, como artesanos y trabajadores manufactureros y empleados de servicios de restauración.

De hecho, más de la mitad de los discapacitados psíquicos de Galicia que desempeñan un puesto de trabajo, lo hacen dentro del sector servicios.

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los miembros de este colectivo es la adaptación del puesto de trabajo a sus características, sobre todo en el caso de los discapacitados intelectuales. La consecuencia es que para muchos de ellos formar parte de una empresa ordinaria se convierte en algo casi imposible, y sus opciones se ven limitadas a los centros especiales de empleo.

De cualquier forma, las limitaciones de la oferta laboral para las personas con discapacidad -la mayoría de los discapacitados realizan trabajos que requieren una baja cualificación- contrastan con la valoración que los empresarios hacen de su labor, generalmente muy positiva. «Por los datos que nosotros manejamos, prácticamente el 100% de las empresarios que contratan a trabajadores con alguna discapacidad psíquica están contentos con el trabajo que éstos realizan», asegura uno de los responsables de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Psíquica de Santiago (Aspas).

Plan de fomento del empleo protegido

La Ley de Integración Social y Laboral de los Minusválidos, en vigor desde el año 1982, fomenta el empleo en centros ocupacionales y en los llamados centros especiales de empleo. Estos últimos deben tener una plantilla de trabajadores en la que el 70%, como mínimo, sean discapacitados

Reducción fiscal por su contratación

El coste que supone contratar a una persona discapacitada es menor que el que supone un trabajador ordinario. Esta reducción fiscal es una de las medidas que lleva a cabo el Gobierno central para fomentar la inserción laboral de las personas con algún tipo de discapacidad.

28/07/2009. Santiago de Compostela. AUTORA: Paula P. Cedrón . FUENTE: ElCorreoGallego.es

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