Resulta muy complejo valorar la calidad de un sistema educativo. En general, en el mundo anglosajón se habla del descenso en picado de las asignaturas STEM (Science, Technology, English, Maths), es decir: las asignaturas troncales (ciencias, tecnología, lenguaje, y matemáticas) vienen sufriendo en los últimos años un declive importante en lo referente a resultados.

Así se puede constatar a nivel doméstico en el empeoramiento de la comprensión lectora y del razonamiento lógico conducente a la resolución de problemas matemáticos o físicos. En lo que respecta al estado español, indicadores internacionales como el conocido informe Pisa, sitúan a nuestro sistema por debajo del nivel de los países que conforman la OCDE.

Muchos culpan a la LOE y a la LOGSE de este gran batacazo que se plasmó por vez primera en el año 2001 (año del primer examen PISA). Evidentemente algo viene fallando en los tiempos más recientes en el campo de la educación, se dice.

Ante esta obviedad cabe preguntarse si hay que demonizar a esas dos Leyes por el bajo rendimiento del alumnado en estas tareas académicas, vinculadas a resultados económicos, o si el problema viene de más lejos cronológicamente hablando.

La contestación, a mi entender, es que la situación no es tan actual. La “herencia recibida” es consecuencia directa de leyes educativas anteriores. Tan anteriores que, con escasas variantes, se remontan a la primera Ley educativa en el país español: la llamada Ley Moyano, de mitad del siglo XIX.

La principal característica de ese modelo (que se repite hasta la actualidad) consistía en prestar más atención al resultado que al proceso, al trabajo individual que al colaborativo. Se ponía y pone más acento en el aprendizaje memorístico que en el comprensivo. Se le da todo el énfasis a lo académico desdeñando lo social, musical, intrapersonal, interpersonal, emocional, ejecutivo, etc.

Tal y como está concebido el sistema educativo presente (caducado hace ya años) no extraña la exclusión que padecen los niños y niñas con diversidad funcional desde edades tempranas. Si esta exclusión social comienza con el aparcamiento automático de estos niños en centros de educación especial, se comprende fácilmente la deriva hacia la segregación que experimenta todo el colectivo de Personas con Diversidad Funcional una vez alcanzada la edad adulta.

De este modo llegamos a conocer que el itinerario vital prefijado para la Persona con Diversidad Funcional trascurre desde el centro de educación especial, atraviesa el centro de día con taller correspondiente, y concluye en el centro residencial más conveniente para la familia. Nada de vida inclusiva, claro.

La obsoleta ley educativa actual imposibilita la verdadera inclusión y educación integral de los niños y jóvenes con y sin diversidad funcional. Ya antes de entrar en el aula, el educando es etiquetado como apto para permanecer en un centro ordinario o no, en aula ordinaria o específica. En este sentido, no es suficiente una reforma en profundidad de la LOE, sino que debe elaborarse un sistema inclusivo nuevo acorde al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad alejándose de una vez por todas de normas trasnochadas y basada en las necesidades de todos en este siglo XXI que comienza.

Recientemente alguien hablaba de que lo que prima en este ámbito es una serie de conocimientos exóticos de dudosa utilidad en nuestra cotidianidad. La comunidad entera debe responsabilizarse en desterrar esta obtusa y vigente situación.

Autor: César Giménez Sánchez.