La Fiscalía de Valencia ha elaborado el primer cuerpo jurídico de España que aplica los criterios de protección de las personas con discapacidad que se desprenden de la Convención sobre los Derechos de las personas con diversidad funcional, un tratado internacional suscrito por España que entró en vigor en mayo de 2008.
Este conjunto de escritos y dictámenes ha sido presentado por la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, junto a su autor, el fiscal coordinador de la sección Civil y de Protección de las Personas con Discapacidad, Gonzalo López-Ebri, y supone para ambos un «hito en la defensa de las personas con discapacidad«.
Según ha explicado Gisbert, se trata del primer cuerpo jurídico del país «totalmente modernizado y actualizado, como exigen los nuevos tiempos«, dado que, según ha afirmado, «la entrada en vigor de la Convención supone un cambio de planteamiento» en la protección jurídica de las personas que sufren alguna discapacidad.
Para la fiscal, a partir de ahora no se trata de reconocer a las personas como capaces o incapaces sino que se debe garantizar su igualdad en el ejercicio de derechos «partiendo de la parte positiva«, esto es, que se declare exclusivamente su grado de capacidad «y que se limite en lo imprescindible nombrarles una persona que les represente o tutele«.
El documento resulta, en su opinión, «una verdadera arma de trabajo para los fiscales» y, según informa, ya ha sido repartido a los diferentes departamentos de la Fiscalía de Valencia.
Gran acogida jurídica
La iniciativa ha sido «visada y coordinada» por la Fiscalía General del Estado y por la Inspección Fiscal, «que han felicitado a esta fiscalía por el trabajo, que ya está siendo reclamado por fiscalías de todo el país«, ha asegurado.
El coordinador del trabajo, el fiscal Gonzalo López-Ebri, ha justificado la necesidad del mismo en que «toda situación de vulnerabilidad de la discapacidad debe quedar absolutamente protegida» por la intervención del Ministerio Fiscal.
«Si cualquier situación de discriminación es vil por naturaleza, sea por motivos de religión, raza, sexo, edad, ideología o creencias, se convierte en execrable cuando a ello se le añade una discapacidad«, ha aseverado, y ha sostenido que «no es permisible que un fiscal permanezca inerte ante ello«.
Por ello López-Ebri ha explicado que la sección que coordina ha apostado por la supresión del procedimiento de incapacitación como medio de la protección de las personas con discapacidad, ya que considera que es «un estigma» el denominar incapaz e incapacitar a personas que tienen «simplemente» una discapacidad.
«Lo que hay que hacer -ha declarado- es poner todos los medios que el ordenamiento jurídico dispone para lograr que las habilidades que el discapacitado conserva las siga manteniendo y que las que ha perdido las rehabilite«. Ésa es, para López-Ebri, la manera de actuar de «un fiscal del siglo XXI adaptado a la realidad social y de un estado moderno de derecho«.