Si transcurrido ese plazo no hay resolución, a partir del día siguiente se tendrá derecho a la retroactividad
El pleno del Consell ha aprobado hoy un nuevo decreto sobre el procedimiento para reconocer a las personas en situación de dependencia, que reduce a seis meses el tiempo desde que se presenta una solicitud hasta que se obtiene la resolución en la que se le asigna un servicio o prestación.
Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, quien ha destacado que si transcurridos esos seis meses no hay resolución y el motivo es imputable a la Administración, a partir del día siguiente se tendrá derecho a la retroactividad.
El decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial, contempla la modificación de los procedimientos administrativos y simplifica la tramitación de los expedientes, de forma que se resuelvan en un plazo máximo de seis meses, frente a los algo más de nueve meses actuales, según Such.
Además, el nuevo decreto permitirá como novedad que, para la valoración en el domicilio de personas con discapacidad grave, se pueda contar con la presencia de un técnico especialista.
La consellera ha explicado que, hasta ahora, los trámites se hacían de forma sucesiva en el tiempo, si bien con el nuevo decreto pasarán a hacerse de forma simultánea, mientras que el informe social del entorno pasa a ser mucho más amplio y no habrá que solicitar uno con posterioridad.
Ese informe, ha indicado la consellera, hará la valoración y además se podrá manifestar la preferencia sobre el recurso que los familiares consideran más adecuado para la situación que tiene la persona dependiente.
Such ha afirmado que el decreto deroga el anterior, si bien incluye una disposición transitoria que permitirá, debido al número de expedientes que hay actualmente en tramitación, que les sea aplicable la nueva norma en lo que les sea favorable, incluida la retroactividad.
Además, se ha modificado una orden de 2007 para flexibilizar el régimen de compatibilidades de los recursos, de manera que una persona que acuda a un centro de día lo podrá compatibilizar con hasta veintidós horas de ayuda a domicilio, con la posibilidad de que se puedan incrementar en situaciones de gravedad acreditadas.
La consellera ha explicado que también se regula la figura del Asistente personal, incluida en el catálogo de servicios de la ley, que supone que una persona con grado severo de dependencia (grado tres) pueda contratar a quien necesite para la asistencia de sus actividades sociales y educativas diarias y obtenga financiación.
Para Such, con esta normativa se pone de manifiesto el esfuerzo del Consell para dar una mejor aplicación de un sistema que ha sido difícil de aplicar en España, y ha destacado que en los últimos cuatro años se han multiplicado por treinta las solicitudes con respecto a las que había antes de la ley.
Asimismo, ha reivindicado que en 2010 el Gobierno valenciano financió el sistema de atención a la dependencia por encima del 75% de su coste, con una inversión de 310 millones de euros, frente a los 100 millones recibido del Ejecutivo central, mientras que se ha pasado de 9.000 resoluciones aprobadas en 2007 a más de 39.000 en 2010.
Respecto a la retroactividad, ha explicado que la Generalitat ya la abona si quien la pedía acreditaba que en ese tiempo de espera ha habido que afrontar un coste económico, si bien en algún caso concreto hay sentencias que han resuelto que se abone con independencia de si se había generado o no un coste.
Por otra parte, preguntada sobre la denuncia de la Conselleria ante la fiscalía contra el ex administrador del Instituto Valenciano de Discapacidad (Ivadis) por presuntas irregularidades contables, Such ha dicho que éstas pueden ascender a 100.000 euros y que se trata de una persona que ocupaba un puesto de plantilla equivalente a jefe de servicio.
Comunidad Valenciana. Viernes 25 de febrero de 2011. FUENTE: EFE/LEVANTE-EMV.COM
