La madre, que logró paralizar el proceso en el 2008, dice que la nueva residencia no reúne condiciones

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa el correo dio otro golpe a la vida de Nícida Sequera. Ayer recibió una carta de Servizos Sociais de la Xunta en la que se le indica que mañana, 15 de abril, deberá pasar a recoger a su hijo, discapacitado psíquico, en el centro en el que está ingresado desde hace ocho meses en Redondela. El joven, Jorge Luis, tiene 28 años y una discapacidad psíquica «por la que ahora mismo apenas si puede caminar, ya no controla sus esfínteres, es como un recién nacido», explica Nícida.

En estos ocho meses Jorge Luis pudo residir en el Centro de Atención a Discapacitados de Redondela gracias a una plaza temporal, que ahora ha sido concedida a otra persona. El problema es que ahora Nícida deberá trasladar a su hijo al centro de Aspanae, en As Pontes. Y esta instalación, concebida para ofrecer atención integral, solo atenderá a residentes de lunes a viernes. El problema es que Nícida lleva casi tres decenios peleando con la enfermedad de su hijo y ocho años de ventanilla en ventanilla en la Administración, que promete, pero no cumple. «¿Quién protege los derechos de los discapacitados?, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo reciba la atención que necesita?», se lamenta Nícida.

La mujer comenzó su pelea con la Administración hace ocho años. En el 2002 obtuvo una ayuda «por hijo a cargo», la única que recibe hoy. Son 504 euros, de los que gasta 492 en la residencia de Redondela. El hijo pasó unos años en un centro en Santiago, del que salía cada quince días y en vacaciones. Pero la enfermedad se agravó. «Teníamos al 061 cada noche en casa, había que sedarlo», cuenta Nícida, que ante la falta de una plaza de residente para su hijo, decidió llevarlo a un centro privado en Valencia, que le costaba «todo lo que ganaba».

Hace apenas un año vio una puerta abierta con la ley de dependencia. El 16 de enero del 2008 la Xunta concedió a Jorge Luis el máximo grado de dependencia. Pero el dinero no llegó, ni el plan de atención al que tenía derecho, ni siquiera una plaza estable en un centro. «En agosto del año pasado me llamaron de la Xunta. Había una plaza en Redondela, pero era temporal. Al final, me decidí a trasladarlo mientras continuaba los trámites para que recibiera toda la ayuda a la que tenía derecho». Nícida recuerda que Jorge Luis ingresó el 1 de septiembre, y el 14 de noviembre la Xunta le notificó que debía ser trasladado. La madre recurrió a la Fiscalía de A Coruña, donde reside, y consiguió paralizar el proceso, dado que no había plaza que reuniera las condiciones que el hijo necesitaba.

Ahora, la Xunta vuelve a apremiar a la madre. En el nuevo centro de As Pontes hay una plaza para su hijo, le explican en la carta. Pero Nícida, que exhibe informes médicos de toda la vida de Jorge Luis, dice que no es suficiente. «Tengo que sacarlo de Redondela, donde estaba bien atendido, con médicos y enfermeras que lo cuidaban las veinticuatro horas y llevármelo a As Pontes con la condición de traérmelo a casa cada viernes. Y sé lo que es eso. Su enfermedad va cada vez a peor. Tendría que tener al 061 cada fin de semana en casa».

Ayer, la Fiscalía de A Coruña rechazó hacerse cargo del caso de nuevo, y remitieron a la madre al juzgado de guardia, que también rechazó el caso. A Nícida le dijeron que tendría que presentar una denuncia en Vicepresidencia de la Xunta, «los mismos que no han hecho nada por él en todo este año», según afirma.

Con una ayuda pública de solo 500 euros y sin plaza fija para su hijo, a Nícida se le viene el mundo encima. «¿Qué tengo que hacer?, ¿encadenarme frente a la Xunta?, se pregunta.

14/04/2009. FUENTE: LaVozdeGalicia.es