“Las leyes están en primera división, otra cosa es su eficacia”

Secretario general del Comité de Representantes de Minusválidos y vicepresidente primero de la Fundación Once. Denuncia el incumplimiento de las normas para integrar a discapacitados

Alberto Durán, en la sede central de la Fundación Once, en Madrid

Alberto Durán (Ferrol, 1969) lucha desde el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) y la Fundación Once para que las personas con discapacidad gocen de una vida lo más normal posible. No concibe que no poder moverse, no oír o no ver implique vivir encerrado entre cuatro paredes. Su mirada verdosa, escondida tras unas gruesas lentes, se pierde, ahora fija en la mesa, ahora atenta al techo de una de las amplias salas de reuniones de la Fundación Once, en Madrid, mientras denuncia que el problema no es la falta de leyes que combatan la discriminación, sino su incumplimiento. Según explica, la falta de integración está ligada a la invisibilidad del colectivo.

¿Las empresas cumplen la norma que obliga a que un 2% de sus trabajadores sean discapacitados?

En general, las empresas no cumplen la ley, aunque cada vez son más las que sí lo hacen. Desde la Fundación Once y el Cermi consideramos que, como medidas excepcionales, también se puede cumplir la ley por la vía indirecta, por ejemplo, comprando bienes y servicios a empresas que dan trabajo a personas con discapacidad. Pero la fórmula prioritaria es contribuir a la integración contratándolas. A veces hay que hacer un esfuerzo y hay que ser imaginativos para encontrar un puesto de trabajo a las personas discapacitadas. Quienes no cumplen no suele ser por mala voluntad, sino por desconocimiento.

¿En qué grado se respetan las cuotas?

Hay valoraciones parciales, pero no hay un observatorio que permita decir el grado de cumplimiento de las empresas. Tenemos un problema de invisibilidad.

¿Las políticas para integrar a los discapacitados son suficientes?

“Tenemos que ser más exigentes y dar más soluciones a nuestros problemas”

No lo han sido nunca, con ningún gobierno. Sólo los datos de empleo lo muestran: la tasa de actividad de personas con discapacidad está entorno al 30%, en cambio en los no discapacitados es del 70%. Además, las tasas de paro casi triplican a las de las personas sin discapacidad. Por otra parte, los entornos accesibles son una minoría. Y las familias que tienen un discapacitado severo en su entorno tienen que hacer un sobreesfuerzo para conseguir una vida más o menos normalizada.

¿Aplicarían medidas punitivas a las empresas que no cumplen?

Existe un marco punitivo. El miedo a una sanción no nos parece el mejor argumento, pero debe de haberla en aquellas situaciones en las que hay una discriminación patente. Por ejemplo, no nos escandaliza, cuando hablamos de mujer, que haya cuotas, pero en la discapacidad parece que seamos sectarios cuando lo pedimos. El mejor argumento es el de convencer, ver que la empresa que contrata a personas discapacitadas tiene valores añadidos por hacerlo. Sería bueno que la Administración premiara a las empresas que tuvieran una operatividad importante y que fueran líderes en la integración de discapacitados, en empleo y en eliminación de barreras.

¿Las personas con síndrome de down lo tienen más difícil?

Las personas con síndrome de down son una parte más de las personas con discapacidad psíquica que, con los muchos problemas que tienen, representan a una discapacidad muy amable, que ha conseguido ser visible.

¿Qué colectivos están más discriminados?

“Queremos desarrollar la parte de la Ley de Dependencia que tiene que ver con autonomía”

La discriminación no se da tanto por el tipo de discapacidad sino por el grado. Hay personas con elevada discapacidad sobre las que la sociedad asume como normal que no disfruten o no hagan determinadas actividades. Eso es un error.

¿Cuál es el grado de discriminación en España, en relación con los países de nuestro entorno?

El marco normativo está en primera división. Otra cosa es el respeto y la eficacia de esas leyes. Hay leyes que dicen que Internet debe ser accesible y no lo es. Tenemos normas que dicen que a nadie se le debe discriminar por razón de su discapacidad pero luego se discrimina. En el caso de que se quisiera acudir a los tribunales, el sistema judicial funciona, pero las personas con discapacidad no tienen recursos ni hay una jurisprudencia rica, porque no se han iniciado esas contiendas legales, que a veces sirven para dar una cobertura de facto.

¿Qué se puede hacer ante esto?

Hay que seguir denunciando situaciones, recordarle a los poderes públicos que hay que avanzar. Y también hay que hacer un ejercicio interno, desde las asociaciones del sector, reflexionando sobre qué tiene que cambiar para tener un mundo mejor para todos. Nosotros tenemos mucho que aprender, ser más exigentes y dar más soluciones a nuestros problemas.

¿Considera que, por la forma de valorar la dependencia, la Ley excluye a los discapacitados?

“La discriminación no se da tanto por el tipo de discapacidad sino por el grado”

La Ley nació con carácter geriátrico, pero luego el Cermi negoció con el Gobierno y se hizo una norma que trata de ser más universal, al intentar atender las situaciones de grave dependencia en la discapacidad. Eso es un avance importante, porque por primera vez, algunas situaciones de apoyo a personas con discapacidad no se hacen desde la caridad. La Ley como concepto nos vale, pero la concreción de ese marco es insuficiente. Hay que cambiar las valoraciones y ajustarlas a situaciones que ahora no están reconocidas. También hay que mejorar el copago. No estamos de acuerdo con que las personas que cobren más de un Iprem (el índice que mide al salario mínimo interprofesional, de 527 euros mensuales) tengan que participar en el pago. El Cermi planteó que fuera como mínimo dos veces y media más del Iprem. Nos preocupa que, en situación de apretón económico, la ley no se acabe de desplegar.

Muchas comunidades optan por dar la ayuda económica al cuidador familiar en lugar de crear servicios e infraestructuras. ¿Qué opina?

Muchas personas con discapacidad, sobre todos jóvenes, no quieren acudir a una residencia. Hay que respetar en cada caso el mayor grado de autonomía y darle los apoyos para intentar no cambiarle el entorno. Suele salir más caro tener a una persona en un centro que apoyarla. Aunque hay excepciones, desde el punto de vista económico, sería más eficiente en tiempos de crisis que los grandes discapacitados fueran a centros donde esto está más optimizado.

¿Tiene conocimiento de cómo funcionan los grupos de trabajo que evalúan la implantación de la Ley?

Está previsto que en 2009 se revise el grado de cumplimiento de la ley, pero creo que esos trabajos no han empezado aún. Lo que se ha iniciado es un grupo de trabajo del Cermi con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, especializado en desarrollar las partes de la ley que tienen más relación con el desarrollo de la autonomía persona, la primera parte de la ley, de la que nos solemos olvidar. Queremos desarrollar este bloque para los grandes discapacitados que quieren tener vida activa.

Vanesa PI – Foto: Reyes Sedano. 2/3/2009. FUENTE: Publico.es

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