Publicado en Levante el 20 de Agosto de 1999 en el apartado Temas de actualidad.
Durante estos días se viene hablando con asiduidad sobre la subida de las PNC, he escuchado a dirigentes políticos y sindicales hablar del asunto, pero hecho de menos la opinión de las asociaciones de los beneficiarios, es decir de pensionistas y jubilados por un lado y de minusválidos por otro. Lo que expongo a continuación es una opinión personal, probablemente poco cualificada dadas mis limitaciones, pero espero que sirva para que los representantes de nuestro colectivo manifiesten públicamente las necesidades del sector.
El pacto de Toledo se ha acabado, corren vientos de cambio y los colectivos afectados debemos hacer oír nuestra voz en demanda de nuestros legítimos derechos, siendo capaces de ofrecer alternativas y puntos de vista desde posiciones coherentes y realistas.
Los afectados por las PNC, Pensiones No Contributivas (no confundir con Para No Comer), estamos estos días oyendo a diferentes personalidades de la vida política hablar sobre la conveniencia o no de incrementar estas pensiones y sobre la oportunidad y legalidad de romper el principio de caja única de la Seguridad Social y su influencia en el derrumbe de dicho sistema de llevarse a cabo o no dicha subida. Desde mis cortos conocimientos creo que estas doctas personas, cuya preparación y capacidad son infinitamente superiores a la mía, no han caído en la cuenta que dichas pensiones no se financian con cargo a los fondos de la Seguridad Social, sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el sistema de la Seguridad Social no corre ningún peligro.
Otro problema que los responsables económicos apuntan, es el de mantener el déficit público y, por tanto, deben de contener el gasto público. Me parece razonable y justo, pero no acabo de entender como se pone tanto empeño en mantener el gasto en estas pensiones, mientras por otro lado se incrementan los representantes elegidos en las pasadas elecciones el sueldo en porcentajes de dos cifras y no precisamente sobre sueldos de la cuantía de las PNC. La respuesta parece residir en que las pensiones se pagan desde una caja única y los sueldos de los Concejales, Alcaldes, Diputados Provinciales, Diputados Autonómicos y sus correspondientes y necesarios consejeros se pagan desde otras cajas, en virtud de no se que autonomía municipal, provincial y autonómica.
No me gustaría dar la impresión de que los minusválidos gravemente afectados, aquellos que tenemos una disminución superior al 65%, que somos los posibles beneficiarios de las PNC, estamos únicamente interesados en conseguir y aumentar la cuantía de las pensiones, lejos de ello recientemente se dio un paso importante en nuestra integración con la posibilidad abierta a una vieja reivindicación del colectivo, en la Ley 13/1996 de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, de que aquellos minusválidos que perciban la pensión de invalidez no contributiva puedan trabajar y no perder el derecho a la pensión, pues mientras trabajen queda suspendida, pero cuando dejen de hacerlo vuelven a percibirla, se abre una puerta eficaz para la integración laboral de los más necesitados, no olvidemos que para tener derecho a una pensión de invalidez no contributiva hay que tener una minusvalía superior al 65%.
Habiendo dejado aclarado que nosotros preferimos optar a sueldos que a pensiones, y que preferimos ser contribuyentes y cotizantes a la Seguridad Social a ser sujetos pasivos y beneficiarios de prestaciones, pensiones y subsidios, vuelvo al tema de estos días y quiero manifestar que me llena de perplejidad el hecho de que tanto el Gobierno central como los diferentes gobiernos autónomicos estén dispuestos a llegar a los tribunales en la defensa de sus planteamientos. ¡Ya era hora!. Porque si, cuando se público el R. Decreto 383/1.984 y O. Ministerial de 13 de Marzo de 1.984 que establecían y regulaban el sistema especial de prestaciones sociales y económicas, previsto en la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), fijando unos requisitos restrictivos para el reconocimiento del derecho a la percepción de las prestaciones económicas, contrarios a lo establecido en la Ley, no hubiera hecho falta que el Tribunal supremo, a instancias del recurso presentado por la Federación Española de Asociaciones Pro-Subnormales, tuviera que fallar estableciendo que el máximo nivel económico requerido para la percepción de subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, debía de hacer referencia a los recursos económicos personales del posible beneficiario.
Es decir, que si no llega a recurrir el R.D. 383/84 la FEAPS, los minusválidos no hubiéramos podido acceder a las prestaciones económicas, debido a una interpretación cicatera y contraria a la ley. Puesto que el hecho de considerar los ingresos de la unidad familiar como ingresos personales del posible beneficiario excluía de la prestación al 95 % de los posibles beneficiarios. Lo triste y lamentable es que ningún partido político de los que ahora se preocupan tanto por ochocientas pesetas movió un solo dedo por detener aquel atropello.
No alcanzo a entender, y en mi es perdonable puesto que he sido mas de la mitad de mi vida subnormal, tengo certificados que así lo acreditan, que se invoque el principio de igualdad para todo el territorio del estado español en el tema de la subida de las pnc, mientras por otro lado, como ya he dicho antes, invocan el principio de autonomía territorial para que cada entidad local fije el sueldo de concejales, alcaldes, diputados y demás cargos electos, invocando que estos no pueden percibir menos de lo que percibe el personal funcionario que trabaja a sus órdenes. O que me expliquen como se come, el que los funcionarios de prisiones estén estos días movilizadose reclamando unas retribuciones iguales a las de sus compañeros de Cataluña y el País Vasco.
Pero, aparte de todas las cuestiones de macroeconomía y otras que los dirigentes políticos participantes en la polémica de la subida de las PNC manejan estos días, cuestiones que por su tremenda carga intelectual escapan a mis limitados conocimientos, pienso, con el poco sentido común que tengo, que por lo visto es el menos común de los sentidos, que debo simplificar el problema para llegar a comprenderlo.
Parece ser que la subida que plantean con cargo a los presupuestos Autonómicos es del 2%, lo cual supone redondeando por encima unas 800 ptas. mensuales, que por 14 pagas suponen 11.200 ptas. al año. Frente a esta cantidad escandalosa que se esta debatiendo si es posible conceder a personas que tienen unos ingresos mensuales de 37.955 ptas. mensuales, nos encontramos con noticias sobre subidas de sueldos que generosamente se autoconceden nuestros representantes electos en Ayuntamientos, Diputaciones y Cámaras Autonómicas que oscilan entre el 15 y el 30%, cuando no son mayores. El otro día escuche por la radio que la subida de las 800 ptas. suponía en Aragón unos 100 millones de pesetas, mientras tanto, por otro lado, leo que la subida de sueldo de los 31 miembros de la Diputación Provincial de Valencia suponen 81’6 millones, con esa cantidad, a razón de 11.200 ptas. se podría subir la pensión a 7285 beneficiarios de las PNC.
Me parece además que el debate deja varias cuestiones sueltas, en lo que respeta al colectivo de minusválidos al que pertenezco, me gustaría saber que ocurre con los beneficiarios de los subsidios económicos establecidos en la LISMI, que en la actualidad están clavados en 24.935 ptas. al mes desde 1991, sin que a ningún partido se le haya movido el estomago después de haber neutralizado el avance social que representó la LISMI, al establecer el derecho a la percepción de los subsidios en función de los recursos del beneficiario, dotándole de una dignidad e independencia que con la Ley que establecía las pensiones no contributivas nos fue cercenada. Condenándonos a depender de la unidad familiar, con unas prestaciones de protección familiar por hijo a cargo que no dudo en calificar de discriminatorias y marginadoras por cuanto además de condenarnos a depender eternamente de la familia, castigan a quienes pretendan casarse con un minusválido gravemente afectado. Si no como se explica que una misma persona genere el derecho a una prestación por hijo a cargo, que en el caso de casarse no puede cobrar ni el ni su cónyuge.
En definitiva y con independencia del resultado de la, para mi, bienvenida polémica de las PNC, creo que con un rasgo de honradez los partidos políticos deben aprovechar la ocasión para llegar a un pacto por el que se afronte la subida de los subsidios establecidos por la LISMI a aquellos minusválidos que no quisieron vender la primogenitura por un plato de lentejas, nega´ndose a pasar a las PNC o a la prestación por protección familiar por cuanto atentaban al principio de considerar al minusválido por si mismo. Al mismo tiempo entiendo que debe plantearse la posibilidad de que la prestación familiar por hijo a cargo pueda tener un ámbito más amplio ampliándose a los cónyuges, salvo que se demuestre que el matrimonio y el pase de hijo a cónyuge conlleve una mejora en el minusválido.
Valencia, 16 de agosto de 1998
Acerca del Autor Vicente Valero
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