Los dependientes tardan entre 8 y 15 meses en tramitar las ayudas

Miles de ancianos mueren esperando y otros inician procesos en los tribunales.

Antonio y su hijo Joaquín[Clic para ampliar la imagen]

Los retrasos que están soportando los ciudadanos para recibir las ayudas previstas por la Ley de Dependencia son tan acusados en algunos casos que miles de ancianos están muriendo en toda España esperando lo prometido. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales calcula que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se evalúa al ciudadano hasta que se le efectúa su informe, cuando no debería superar los seis. Y una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra en ocho meses el tiempo medio de espera hasta que se notifica el grado de discapacidad. Y esta notificación no garantiza aún que se perciba la ayuda. Pueden pasar todavía unos cuantos meses más. La OCU ha remitido su informe al Defensor del Pueblo.

Se están formando plataformas para canalizar las quejas mediante abogados

Madrid ha dividido los trámites en dos partes, lo que aumenta el retraso

Aunque no todas las comunidades están haciendo igual los deberes. Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco sacan un notable, según el Observatorio de la Asociación de Directores Sociales; y Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias suspenden estrepitosamente.

En mayo de 2007, pronto hará dos años, evaluaron el estado de Julia Arenas, una octogenaria madrileña: “Alzhéimer evolucionando desde 1998, siendo dependiente para todo y haciendo vida cama-sillón. Sin relación con el medio”, decía su informe. En noviembre del año pasado la administración madrileña solicitó su cuenta bancaria. Después, volvió el silencio. A su hija, María Jesús, se le acabaron las vacaciones hace años, no sale de casa y abandonó el trabajo. Su madre apenas pronuncia ya monosílabos. “Ponerle la ropa es como vestir a un muñeco de trapo”, resume.

Algunas comunidades se pusieron pronto manos a la obra y redactaron sus propias normativas en las que se detalla el procedimiento para poner en marcha la ley. Otras todavía no lo han detallado, o lo acaban de hacer. Y algunas han diseñado órdenes que lo complican todo y dejan a los ciudadanos en total desamparo.

En Alicante, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) solicitó ayuda ante las quejas recibidas. Pidió al Colegio de Abogados que asesorara a los afectados y se ha creado un turno de oficio sólo para ello. Han atendido más de 70 casos desde hace algo más de un mes. “Les asesoramos gratuitamente dos días a la semana y les hacemos los recursos previos a la vía judicial, son muy complicados y si no los hacen bien, no les servirían para demandar por lo contencioso administrativo”, explica la coordinadora de este turno de oficio en el Colegio de Abogados, Lydia García Olcina. Porque en la Comunidad Valenciana hay que reclamar por lo contencioso administrativo, “un proceso largo y costoso, que obliga a desplazarse a Valencia y tener abogado y procurador”, añade García.

En la Comunidad Valenciana, como en la madrileña, una orden decretó silencio administrativo negativo. Eso quiere decir, en contra del procedimiento habitual, que si la Administración no responde, el ciudadano no puede hacer nada, ha de volver a empezar con los trámites. El abogado José Ausín opina que algunas comunidades han legislado de forma “perversa e intencionada”. Él representa a la plataforma de afectados que se ha organizado en Alcorcón. “En Madrid han dividido el procedimiento en dos partes, una para comunicar al ciudadano su grado de dependencia y otra para prescribirle la ayuda. Y se conceden seis meses para cada cosa. Pero es que, además, en medio de ambos plazos pueden tardar lo que quieran. Ni siquiera sabemos a qué tenemos que recurrir con ese silencio administrativo”, añade Ausín.

Alcorcón es sólo un ejemplo, también para desmontar algunas cifras oficiales.

“¿Cómo va a ser verdad que Madrid sólo tiene 36.222 solicitudes, si yo he tramitado ya expedientes que van por el número 50.000?”

, dice una trabajadora social del Ayuntamiento. Y si las solicitudes son más de las que se cuentan, el atasco debe ser mayor del que se declara.

Son también muchas las comunidades que no han transferido dinero a sus ayuntamientos para que pongan en marcha el proceso. Por tanto, los servicios sociales que ya existían están sobrepasados. “Y los modelos en que la comunidad ha centralizado todo el proceso, desde la solicitud hasta la prestación de la ayuda, están funcionando más lenta y desorganizadamente”, dice el informe de los agentes sociales. Éste es otro de los 10 criterios que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha tenido en cuenta para hacer su evaluación de la Ley de Dependencia por comunidades, habida cuenta de la opacidad de los datos que se publican, algo que trae de cabeza también al Gobierno.

Casi la mitad de las prestaciones que se están dando no se especifican. Por tanto, es imposible saber si se les ha concedido una plaza en una residencia, un centro de día, una ayuda a domicilio o, simplemente, nada todavía. Pero los trabajadores sociales saben que en muchos casos las ayudas que se conceden están “orientadas” a los servicios de que disponen y, como no son muchos, estas ayudas se están desequilibrando hacia la prestación económica para que el familiar siga cuidando del dependiente, algo que la ley establece como excepcional. Pero, si no hay recursos, ofrecen dinero. “Madrid le da la vuelta a eso, y les dicen que si renuncian al recurso les dan el dinero. Esto es como un cheque para llevar a la gente a residencias privadas”, se queja el abogado Ausín.

Esperando siguen Antonio y su madre, en Murcia. Él ya sin trabajo y ella sujeta a un andador para dar no más de cuatro pasos. Y Antonio Martín y su hijo, Joaquín, en Alcorcón. Al chico le renovaron su grado de discapacidad sin ir siquiera a visitarlo. Protestaron y alguien se acercó a casa. Ahora, el muchacho, con artrogriposis, está atado al oxígeno y vive bajo la mirada de su madre. “Me dijeron que si la ayuda no llegaba era cosa del Gobierno. Si es así, ¿por qué en Ciudad Real sí las dan, o en Andalucía?”, se pregunta, harto, Antonio. Todos desesperan. Miles de ancianos están muriendo sin que llegue la carta.

Carmen Morán. Foto: Bernardo Pézez – Madrid – 12/03/2009FUENTE: ElPais.com

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