ARGENTINA. La jueza Patricia Asaro rechazó ayer el pedido de morigeración o sustitución a la prisión preventiva de un imputado cuyo abogado dice que padece un retardo mental y necesita tratamiento ambulatorio en dos instituciones locales para minusválidos o discapacitados de Trelew, adonde no puede concurrir porque está alojado en la Alcaidía, y pierde un subsidio social en la delicada materia.

El abogado defensor particular, Matías Cimadevilla, había denunciado el caso al subsecretario de Derechos Humanos, Juan Arcuri, en una carta publicada en la página «Rawson Online» y posteriormente amplió sus argumentos de derechos humanos para los detenidos en las cárceles del Chubut, en LU20.

Finalmente la audiencia de control de detención, que presidió la jueza Asaro y en la que alegó en contra de la libertad controlada la fiscal Mirta Moreno, se basó en el peligro de fuga, quedando la causa para juicio oral a designar.

El letrado argumentó que hay un dictamen de la psicóloga forense reconociendo esa discapacidad mental, aparentemente producto de un accidente sufrido en su niñez por el imputado de robo calificado, de 21 años, que además niega su autoría, pero tendría a simple vista grandes dificultades o lagunas mentales para comunicarse, aun frente a su letrado.

El día anterior esta magistrada, en otro caso de robo calificado, sin ningún aditamento especial como éste, dio la libertad bajo proceso a un imputado, porque las víctimas o testigos del hecho -asalto a un locutorio- no se presentaron a la rueda de reconocimiento.

Hace una semana, otra jueza que no es la nombrada, le negó la libertad en su casa a una joven madre de dos hijos menores de 5 años, porque dijo que la ley dice «podrá», pero no es imperativa.

El hecho se suma a los innumerables sucesos de crítica situación en las cárceles y comisarías de Chubut, que la defensoría general de Arnaldo Barone ha denunciado a nivel provincial, nacional e internacional, sin hallar eco en las organizaciones de Derechos Humanos, menos cuando se refiere a vejámenes, torturas, apremios y otros hechos de violencia policial o penitenciaria.

El Chebut (Argentina), 20/08/2009. FUENTE: Elchubut.com.ar