En apoyo a Manuel y Eva, y con ellos a todas las familias que luchan para que se reconozca el derecho de sus hijos a aprender y participar en las aulas comunes.
[por Gerardo Echeita Sarrionandia e Ignacio Calderón Almendros]
El pasado martes 24 de noviembre, la mayor parte del alumnado (24, para ser exactos) del curso de 3º de Primaria del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Manuel Rivero de Lalín (Pontevedra) dejó de asistir a clase –obedeciendo a sus padres y madres–, como “medida de presión”, para que un compañero suyo –un alumno considerado con necesidades específicas de apoyo educativo–, fuera “derivado” a un centro escolar de educación especial [más info aquí]. Un caso similar ya había ocurrido también hace ahora un año en el CEIP Gregorio Marañón de La Cala del Moral (Málaga) [más info aquí]. En este último caso, los padres de la niña de 9 años se enteraron por la prensa de que su hija estaba sola en clase desde hacía días. Un diario local tituló inicialmente la conducta de esa niña como “acoso”, siguiendo las palabras de las familias. El matiz es el autismo que porta.
Con este texto nosotros, en calidad de profesores universitarios e investigadores en el ámbito de las políticas y prácticas educativas en relación con la equidad y la inclusión, queremos denunciar ambas actuaciones que, desde diversos puntos de vista (educativo, moral y legal), nos parecen inaceptables, reprobables y, seguramente, punibles como actos de discriminación, agravados por tratarse de menores. Este panorama evidencia una tremenda falta de sensibilidad hacia ciertas personas y colectivos que son incisivamente apartados del resto, y cuenta (a la vista está) con la connivencia de docentes, orientadores, equipos directivos, inspectores, políticos y medios de comunicación.
En todo caso, lo primero es mostrar nuestro cariño, apoyo, solidaridad y empatía a unas familias que, lejos de encontrar en sus coetáneos, vecinos y autoridades educativas la solidaridad, la comprensión y el apoyo necesarios para sostener lo que, sin duda alguna, estará siendo un proceso educativo complejo y muy difícil de sus hijos, se han topado con la incomprensión, el egoísmo y la incompetencia de la mayoría de quienes han intervenido.
Somos conscientes de que las escuelas atraviesan momentos de zozobra ante el reto de educar en las mismas aulas a todo tipo de alumnado. Esto supone que ha de atender a las necesidades de niños y niñas con distintas formas de pensar, sentir y/o actuar en ambientes comunes. Sin embargo, esos contextos continúan siendo pretendidamente “normales”, lo que constituye una barrera a la construcción de escuelas inclusivas. Precisamente esta dificultad de encajar a determinadas personas en un contexto que no se transforma lo suficiente como para dar la bienvenida a esas otras formas de ser, pensar, sentir y actuar, termina por desencadenar problemas conductuales que “han servido para justificar” lo ocurrido tristemente en estos centros. Pero llegados a este punto habría que recordar que son ese niño o esa niña concretos quienes están sufriendo especialmente: previamente por no haber sido atendidos como es debido por una institución escolar aún demasiado rígida; y en la actualidad por ser víctimas de una discriminación de muchas de las familias de sus compañeros y compañeras. Entendemos sus preocupaciones, pero no podemos sino cuestionar la forma de resolver esa intranquilidad.
Por lo general, las distintas actuaciones que muchos centros y administraciones adoptan respecto a lo que denominan “conductas disruptivas” ponen el énfasis en el castigo y la sanción, frente a la ayuda pedagógica y psicológica. Sabemos, por la investigación disponible que, lamentablemente, la mayoría de los agentes educativos optan por el castigo y “la mano dura”, y los tristes ejemplos que hoy traemos parecen confirmar esta tendencia.
Nosotros queremos defender que la vía necesaria y obligada es la contraria, esto es, la que pasa por el desarrollo de fuertes y variadas medidas de apoyo, tanto al alumnado en cuestión y a sus compañeros y compañeras, como a los docentes que tienen que asumir la tarea educativa de atender con equidad a la diversidad de su alumnado. Obviamente, también son necesarias medidas de apoyo, formación y asesoramiento a toda la comunidad educativa en su conjunto –a las familias en primer lugar–, para que “todos a una” puedan estar a la altura de lo que nos hace genuinamente humanos: el cuidado y la protección de quienes más nos necesitan.
Este no es solo un mandato moral o ético, que también. Desde que el año 2008 entrase en vigor en España la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), es una obligación legal, por cuanto el derecho a una educación inclusiva que vele por el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en centros ordinarios, está clara y explícitamente establecido en el Art. 24 de dicha Convención. Asombra observar que nuestras autoridades educativas y muchos, muchos de sus “servicios técnicos” (de inspección o para la orientación educativa y psicopedagógica) sigan actuando de espaldas a esta nueva realidad (Echeita y Calderón, 2014). Al hacerlo se configuran más como “parte del problema” que como “parte de la solución” al desafío de una educación de calidad con equidad para todos y, por lo tanto, también para los estudiantes de Pontevedra y Málaga, que, sin embargo, en estos días han visto sus derechos y necesidades conculcados y olvidados.
La legalidad está ahí para ordenar una convivencia digna y justa para todos. “Tomarse la justicia por su mano” como han hecho las familias involucradas en estos incidentes no es, ni de lejos, el mejor ejemplo para sus hijos o hijas y, en todo caso, no es aceptable que se haga sin “consecuencias educativas”. Esto es, en coherencia con nuestros argumentos anteriores, no queremos castigos para nadie, sino “medidas educativas” que permitan volver a estas comunidades a un escenario de diálogo, comprensión y apoyo mutuo. Solo este escenario es el apropiado para que en el futuro todos los niños y niñas que acuden a estos centros puedan ser ciudadanos y ciudadanas justas, solidarias y comprometidas con un mundo mejor del que tenemos.
Fotografía: Luana Fischer Ferreira. Recuperada de recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Autores: Gerardo Echeita Sarrionandia e Ignacio Calderón Almendros
Gerardo Echeita Sarrionandia es profesor de Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Investiga el análisis y evaluación de las políticas educativas en el ámbito de la «atención a la diversidad» y la «educación inclusiva», así como las prácticas y estrategias de aprendizaje cooperativo.
Ignacio Calderón Almendros es profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga (España). Interesado en la experiencia de exclusión e inclusión educativa de personas situadas en los márgenes, desde la discapacidad, la desventaja sociocultural y la inmigración.
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Acerca del Autor Nacho Calderón Almendros
Profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga (España). Interesado en la experiencia de exclusión e inclusión educativa de personas situadas en los márgenes por sus diferencias. Empeñado en que la escuela sea un lugar donde todos y todas podamos crear sentido