Una sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo de Pontevedra reconoció el pasado 21 de enero el derecho de Alejandra Lobato, una menor con diversidad funcional (discapacidad física o psíquica) de Catoira, a poder continuar sus estudios en un centro convencional, anulando así la orden de la Delegación Provincial de Educación de Pontevedra que la obligaba a escolarizarse en un centro de enseñanza especial, segundo informó hoy en una rueda de prensa en Catoira, la madre de la niña afectada, Mónica Sumay.

La sentencia, junto con la del menor autista de Vigo Andrés García que se conoció la semana pasada, representan un hecho histórico sin precedentes en Galicia, ya que es la primera vez que un tribunal de esta comunidad, y una de las primeras en todo el Estado, reconoce el derecho de un menor con diversidad a estudiar en un centro convencional.

“Esta es una lucha muy compleja, los derechos están en el papel pero a la hora de ejercerlos te encuentras con muchísimas trabas”, explicó Mónica. “La constitución establece que los padres podemos elegir, según nuestras convicciones morales, religiosas, etc, donde escolarizar a nuestros hijos, pero se tienen diversidad funcional ya no, y eso es discriminación”.

Mónica insiste en que “cuando se habla de discriminación pensamos en países en vía de desarrollo, pero en España a las personas con diversidad se les discrimina en todos los ámbitos: en educación, en sanidad, en prestaciones, en acceso a los lugares públicos y esto ocurre porque no hay concienciación de que son personas de derecho”.

“Existe aún la idea de que la esta gente hay que curarla, pero desgraciadamente hay diversidades que no se pueden curar, pero sí hay que reconocerle una serie de derechos que le permitan vivir dignamente”, continuó la madre de Alejandra, quien considera que el único camino válido para que los niños no sean marginados por la sociedad cuando sean mayores es lo de asegurarles una educación inclusiva, en la que no se les separe del resto de los compañeros.

Cuando Alejandra inició sus estudios de secundaria, en el incluso centro en el que estuvo escolarizada desde pequeña, la actitud de los profesores comenzó a ser negativa a pesar de que la presencia de la menor en las aulas nunca mermó el ritmo de aprendizaje de la clase y supuso avances positivos para la niña, como testimonian varios informes en los que se basa la sentencia.

Los docentes pusieron trabas para que un asistente, figura reconocida dentro de la Ley Orgánica de Enseñanza (LOE), acompañara a Alejandra en las clases alegando que era una figura sin función pedagógica y que violaba su libertad de cátedra, aunque hasta ese momento siempre había tenido uno y los informes de la menor así lo recomendaban.

“Por su diversidad la niña necesita de apoyos humanos y ahí el profesorado se encuentra una barrera, porque ellos se creen dueños de sus aulas, y las aulas son de toda la comunidad educativa: de los profesores, de los alumnos y de los padres”, manifestó Mónica. La menor llegó a quedar cerrada con llave en un aula por culpa de un “despiste” de un profesor, hecho por lo que la familia dirigió varias cartas a la Consellería de Educación y a la Delegación Provincial reclamando, una vez más, la entrada de un asistente.

Además del silencio administrativo, la única respuesta recibida fue una resolución del delegado provincial de Educación de Pontevedra que les comunica que su hija deberá ser matriculada en un centro de educación especial situado a 15 kilómetros de su casa. Un texto en el que se les advertía de la obligatoriedad de acatar esta decisión sin permitirles la opción a buscar otras posibilidades u otros centros.

“En este país tenemos unas leyes muy avanzadas, pero el sistema no permite que los ciudadanos podamos ejercer esos derechos". Para la madre de Alejandra parte del problema “reside en nuestra sociedad” que aún considera que “las personas con diversidad funcional son enfermos que deben curarse” y no somos conscientes de que “desgraciadamente hay diversidades que no se pueden curar pero sí hay que reconocerle a estas personas una serie de derechos que le permitan vivir dignamente”.

“Estábamos dispuestos a llevar el caso ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo si fuera necesario” afirmó Mónica, consciente de que tanto la Convención de la ONU sobre diversidad funcional, como la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la propia Constitución Española reconocen el derecho a la igualdad de condiciones a una educación inclusiva.

12/2/2010. FUENTE: VIgalicia