El documental, grabado en Arahal, Sevilla y Cádiz, se va a presentar en el festival francés de Marsella.

Miguel Rueda vive en Arahal pero lleva 12 años encerrado en su cárcel particular. Es tetrapléjico, aunque no ha sido problema para que pueda cumplir un sueño con el que lleva años fantaseando: acercarse hasta el mar. Ésta es una de las cuatro historias de A volar, un documental donde, a través de las confidencias de cuatro personas, se transmite la discriminación, sufrimiento y esperanzas de los discapacitados andaluces.

COSTA RICA. La Sala Constitucional ordenó a la Corporación de Supermercados Unidos S. A. a tomar medidas para dar un mejor trato a personas con padecimientos o en estado de embarazo, luego de que un cliente de Servimás no recibió el trato correcto en una agencia.

La Sala IV informó hoy, en un boletín de prensa, que un vecino de Hatillo Ocho, en San José, de apellidos Morales Jiménez, presentó un recurso de amparo en el cual “acusó a dicha empresa porque tuvo que hacer una larga fila en la ventanilla del Servimás del Centro Comercial Plaza América -en Hatillo-, a pesar de que le informó al dependiente que él es una persona con problemas de audición y pensionado por invalidez y que por sus pacedimientos sufre de mareos al estar mucho tiempo de pie”.

La Audiencia de Valencia confirma la condena por un delito de discriminación y ya no caben más recursos

La Audiencia de Valencia ha ratificado la condena por discriminación con violación de los derechos fundamentales de un grupo de personas con síndrome de Down y alabado la labor realizada por unos monitores de Asindown ante un bar de Valencia que les impidió la entrada.

Un joven disminuido fue vejado durante todo un día por cuatro hombres. Lo desnudaron y lo obligaron a recorrer desnudo distintos bares de Visantoña, Xanceda y Mesía. Así lo cree el fiscal, que pide para cada uno de ellos una pena de seis años de prisión al considerarlos culpables de un delito de vejaciones y otro de lesiones, pues, supuestamente, también lo agredieron.

Jurisdicción social. Demanda por impagos de salarios instada por persona con síndrome de down.

Ideas esenciales

1. Validez de la institución de la guarda de hecho como alternativa a la incapacitación judicial
2. Importancia de la integración laboral como instrumento de dignificación de las personas con discapacidad, proceso que no debe verse abolido por la exigencia de la incapacitación judicial para hacer valer sus pretensiones ante los tribunales.

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FUENTE: El-observatorio.org

Al considerar menos valiosa la vida de una persona con discapacidad

La Federación Española de Síndrome de Down (Down España) ha expresado su "preocupación" por los términos de la nueva ley del aborto, que permite interrumpir un embarazo hasta la semana 22 de gestación si hay "graves anomalías" en el feto, lo que, a su juicio, "abre la puerta a una discriminación" hacia las personas con este síndrome.

Durante la jornada "¿Es posible (y deseable) una Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales?"

Expertos del mundo jurídico y social junto con fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas coincidieron este viernes en la necesidad de una regulación unitaria de una ley que garantice los derechos y servicios sociales.

MÉXICO. Una iniciativa de la fracción del PRI, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, propone reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de personas con discapacidad.

Entre los puntos a destacar de la propuesta se establece la obligación de los partidos políticos para que destinen el uno por ciento de sus candidaturas a ciudadanos discapacitados.

Una sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo de Pontevedra reconoció el pasado 21 de enero el derecho de Alejandra Lobato, una menor con diversidad funcional (discapacidad física o psíquica) de Catoira, a poder continuar sus estudios en un centro convencional, anulando así la orden de la Delegación Provincial de Educación de Pontevedra que la obligaba a escolarizarse en un centro de enseñanza especial, segundo informó hoy en una rueda de prensa en Catoira, la madre de la niña afectada, Mónica Sumay.

GALICIA. Andrés García, el niño de Vigo que fue obligado a escolarizarse en un centro de educación especial, podrá continuar sus estudios en su colegio de toda la vida, así como recibir en este mismo centro la adaptación curricular que necesite. Así lo dictamina una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Pontevedra, que reconoce el derecho del chico a una educación inclusiva, y por lo tanto, desestima los argumentos esgrimidos por la propia Delegación Provincial de Educación, quién exigió, el pasado año, el traslado de Andrés a un centro especial para niños con autismo.