En diciembre del 2006 la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso el primer tratado mundial de derechos humanos que aborda específicamente el tema de la diversidad funcional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con diversidad funcional.

Es un sobresaliente e histórico paso adelante para el movimiento mundial de las personas con diversidad funcional, pero la adopción de una convención de las Naciones Unidas por sí sola no garantiza que los derechos humanos de las personas con diversidad funcional serán respetados y protegidos.

En mayo de 2008 entró en vigor este tratado, que España ha ratificado junto con el Protocolo Facultativo, y que ha de trasladar a la cotidianidad. Por eso ahora, además de iniciar y mantener una importante labor de promoción educativa y difusión de la iniciativa, a fin de garantizar que los derechos reconocidos en la convención son conocidos por toda la comunidad, debemos efectuar la oportuna labor de seguimiento de su cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas y de la sociedad en general, observando que se cumplan las responsabilidades legales que la Convención determina.

La historia demuestra que la eficacia de estos convenios está directamente relacionada con la capacidad de la sociedad civil para promover su aplicación y hacer el seguimiento de la labor de los gobiernos en la aplicación de los tratados.