Prisiones

Estimada Señora:

Antes de que lo olvide por favor dígale a la diputada Laura Seara que deseo que Pepe crezca “progresando adecuadamente”. La comisión que usted dirige y usted misma son lo suficientemente educados como para separar las trifulcas partidistas de los deseos individuales.

También quiero indicarle que esta misiva va dirigida a usted como presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad; pero pongo en copia a todos los miembros de dicha comisión parlamentaria, así como a diversas entidades del sector.

Una vez dicho esto se preguntará que quién diablos es esta persona que hoy escribe. Le recordaré que la conocí hará cosa de un año junto a algunos compañeros del Foro de Vida Independiente y Divertad. No sé si eso servirá de ayuda, otra pista puede ser que mis compañeros y yo nos pusimos a comparar las residencias con los centros penitenciarios, hablando de lo perniciosas que son aquellas frente a la asistencia personal. Al mencionarle que en ellas se habían producido abusos y homicidios en años recientes enseguida solicitó la asistencia del diputado Francisco Vañó, quien le apoyó y ayudó a lidiar con nuestras palabras de malestar.

A pesar de que se suele decir que esa comisión es probablemente de las más políticamente correctas e inútiles de cuantas hay, un grupo de personas (entre las que me incluyo) pensamos que la agenda de asuntos a tratar es muy apretada. En mi humilde opinión, no se está haciendo lo suficiente para adaptar nuestra normativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y gran parte de esa carencia es responsabilidad de su departamento.

Creo que fue allá por el mes de Abril cuando el compañero Ismael Llorens compareció en esa comisión para recordarle que se debía adaptar gran parte de nuestras leyes a ese tratado internacional poniendo el acento en la importancia de la implantación real de la asistencia personal en España.

En los momentos en que hablaba ante sus señorías, recibí por móvil un correo electrónico de una diputada que estaba asistiendo a dicha comparecencia. Me comunicaba que las palabras del señor Llorens eran realmente interesantes e instructivas. La idea que yo tengo es que aquel acto fue de algún modo una falta de respeto al orador y sobre todo una forma de quitar autoridad moral a padres y profesores que procuran que los niños no lleven ni utilicen esos artefactos en momentos importantes. No sé su opinión al respecto.

Todo este preámbulo no viene a cuento de mucho. Simplemente me acordé de nuestra cita en días recientes cuando leí un artículo referente a los centros penitenciarios en España. Yo creo que la fuente es bastante fiable. Se habla del sistema penitenciario, claro, pero en el artículo se refleja una realidad asombrosamente similar a la de las residencias. Yo leo el texto y lo enfoco desde un doble punto de vista: el económico y el de derechos humanos. En lo referente al primer aspecto, me limitaré, sin más, a reproducir parte del propio articulo extraído del portal sobre noticias jurídicas:

“El coste de mantenimiento cada preso en nuestro país (sin incluir los gastos de nueva construcción de centros penitenciarios) ronda los treinta y seis mil euros anuales”.

Treinta y seis mil euros anuales por preso comparado con unos diez mil euros anuales que recibimos quienes optamos por la asistencia personal para llevar una vida digna me parece una aberración, pero los números no son mi fuerte.

Entrar ahora a comparar entre la vida de una persona juzgada y penada, legalmente privada de libertad, y la de una persona con necesidades de apoyos externos, supuestamente libre, no juzgada ni penada etc. sería como comparar galgos y podencos, por tanto creo que ya me he extendido demasiado.

Saludos,
César Giménez Sánchez
Nota: Saludos también a Paquita.