Vaya por delante que soy una persona con una enfermedad congénita, adquirida al momento del nacimiento, que a los 6 años fue institucionalizada para recibir tratamiento médico y rehabilitación. Conozco de primera mano lo que representa el encontrarse excluido del entorno en el que habitas y el tránsito por un proceso que lleve a la integración, después de excluirte.
Mis padres fueron engañados hace 45 años para meterme en el proceso de exclusión, con el argumento de que era lo mejor para mí y que había unos profesionales cojonudos para rehabilitarme. Afortunadamente a los 14 años emprendí el camino de la inclusión, en contra de lo recomendado por los expertos y profesionales; camino que no ha llegado a la integración en el tejido social de manera completa. Los chavales de mi entorno y edad no tuvieron al lado un compañero de pupitre con necesidad de apoyos, yo estaba en una dimisión paralela recibiendo un trato especial. Mi destino estaba marcado, no tenía que estudiar, ni prepararme para el trabajo, ni preocuparme por las cuestiones del despertar sexual, ni pensar en formar una familia,… todo lo me lo harían mis padres en casita y el día que ellos faltaran la carga pasaría a algún familiar que sería sacrificado si se dejaba. Si no se encontraba ningún familiar al que cargar con el muerto de prestar apoyos, de manera continua y en exclusiva, a una persona especial como yo, pues eso…. De cabeza a una residencia o centro en el que maravillosos profesionales se encargarían de mi felicidad. No tendría que preocuparme de decidir a qué hora me levanto y acuesto, cuando cago y meo, cuando me ducho, que quiero comer y a qué hora, vamos como había estado de pequeño: si hay paella es jueves o domingo, los lunes garbanzos, los martes guisado, de diciembre a marzo naranjas de postre, en verano sandia en el mejor de los casos.
Leer que en España hay una manifestación de padres para mostrar el apoyo a los profesionales de un centro de exclusión en un momento en que un padre ha pedido que se investigue el porqué su hijo ha aparecido con cardenales y nadie le ha dado una explicación, me parece alucinante. Mi hija, una niña de serie, no una niña especial, nunca apareció por casa con un rasguño sin que los responsables de los colegios me hubieran dado cumplida cuenta de ello al salir de clase. Es más, en una circunstancia especial en que mi hija se encontraba mal me llamaron para que fuéramos a recogerla y al comentarle a la profesora las limitaciones funcionales de los padres, inmediatamente se brindo a traerla a casa o llevarla al centro de salud acompañándola en todo momento. Ese fue el trato que se le dio a mi hija, el ordinario, afortunadamente no se le dio un trato especial….
No entiendo porque siguen existiendo aulas y centros de exclusión. En 1994 en una conferencia mundial, celebrada en Salamanca, sobre educación especial se estableció que la educación debía ser inclusiva, en el entorno ordinario con los apoyos personales y materiales necesarios en cada caso. Que los centros de educación especial existentes debían de derivar hacia centros de recursos y formación del personal docente que tuviera que interactuar con personas con necesidades singulares de apoyo. Es decir, que los centros de educación especial debían ser centros para los profesores, no para los niños. Y todo eso se firmó, quizá bajo los efectos de un Montilla o un buen fino. Diez años después se repitió la conferencia para analizar la situación de la educación y se aprobaron las mismas resoluciones.
Es evidente que la exclusión escolar es la antesala de la exclusión social, porque fija la hoja de ruta que discurre por los centros de empleo especial, centro de día, residencia,… y posiblemente entierro en cementerio especial.
Considero un desatino lo ocurrido en el caso, porque según información publicada en prensa, un padre solicitó que su hijo continuará en el centro escolar ordinario al que asistía su hijo, tal como la ley establece y expertos mundiales aconsejan, pero a base de informes a medida y contraviniendo la legalidad la administración educativa ordenó la escolarización en centro de segregación, denominados tendenciosamente “educación especial”. El padre recurre judicialmente y el juez resuelve no aplicar medida preventiva alguna y ordenar la escolarización obligatoria en el centro de educación especial ordenado por Educación. Para cuando se resuelva el fondo del asunto el alumno ya habrá sigo desarraigado totalmente del entorno inclusivo en el que se encontraba, lo cual para personas con TGD está totalmente contraindicado.
Pero mientras se resuelve la cuestión de la escolarización forzada del menor, los padres detectan la aparición de cardenales en el menor, por lo que piden información al centro y no reciben explicación. Entiendo que lo que procedía era que los padres hubieran llevado al menor a un centro sanitario para que realizadas las oportunas pruebas se hubiera realizado el correspondiente parte y el centro sanitario lo hubiera puesto en conocimiento de la autoridad judicial, como se hace en los casos de sospecha de violencia de género y otros. ¿O no?
No entiendo como en la prensa se publican datos personales que afectan a la intimidad de un menor y el honor de un padre. No lo entiendo, pero lo que intuyo me pone los pelos de punta. Un menor va un centro ordinario en régimen de inclusión, la Autoridad educativa dicta una resolución ordenando su escolarización en un centro específico en contra de la voluntad de los padres. Los padres de niños ordinarios tienen el derecho de escolarizar a sus hijos donde consideren mejor, los de los niños que precisan apoyos también, pero eso las autoridades educativas se lo pasan por donde se pasan los escritos de reclamación de sus padres. Para perpetrar semejante infamia utilizan un arma efectiva: el informe. Informe expedido a medida por un “técnico” que nunca compartió pupitre con un niño como el de la noticia. Y el informe se hace a medida. El técnico no dice los apoyos y recursos que precisa el menor, eso sería poner el foco en la administración. El técnico recomienda el centro específico porque es donde dice la circular de Educación que hay que enviar a los menores con necesidad de apoyos, que coinciden con los lugares donde la administración ha puesto los recursos que quiere. Nada mejor que poner a todos los que no pueden relacionarse juntos. ¿Quién va a contar lo que pasa?
Si el padre acude a la vía judicial la cosa está servida. La administración pone informes encima de la mesa, realizados por sus técnicos y basados en las disposiciones y circulares internas. Que coinciden con lo que han estudiado en su periodo formativo. Evidentemente al tema de educación inclusiva, conclusiones de las conferencias internacionales de educación inclusiva para personas con necesidad de apoyos, no llegaron a estudiarlo en la carrera porque no daba tiempo. El juez se basa en informes técnicos viciados y no acepta las medidas cautelares que suponen la paralización de la aplicación de la resolución de ingreso en prisión, perdón, en centro especifico quise decir. No sé en qué estaría pensando.
Para cuando se resuelva el fondo de la demanda el chaval habrá hecho la mili y será imposible su inclusión, habrá en todo caso que aplicar un proceso para integrarlo. Primero se nos excluye y luego se nos quiere integrar. Podían ahorrarse el primer paso.
No puedo terminar sin recordar a los muchos sindicalistas que a lo largo de mi vida han apoyado cuantas reclamaciones y demandas he presentado a las diferentes administraciones. El que un sindicato aparezca en una noticia armado con el corporativismo carcelario, mientras los padres de unos niños parecen estar poseídos por el síndrome de Estocolmo, hablando de daños colaterales, por hacer valer el derecho a acudir a la justicia, sobre otros alumnos, es surrealista.
Afortunadamente los hechos ocurren en San Fernando y allí es el lugar donde la historia de España comenzó a reescribirse en forma de constitución y abolir la Inquisición. Tengo copia de un informe realizado sobre mí en el que se dice: “Profesión: Subnormal, Estudios: Superiores”.
Valencia, 30 de mayo de 2011. AUTOR: Vicente Valero Sanchis
Velador por el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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