Tomándonos el pelo como a vacas

La candente actualidad, la que quema, no se centra en la permanente campaña electoral que tiene paralizado (según conviene)  a prácticamente todo el país. Lo realmente importante y bastante lioso para todo el mundo es el nuevo registro laboral aprobado por real decreto ley y ejecutado con inusitada velocidad. Ya se sabe que las cosas de palacio van despacio, por tanto el contenido de este real decreto ley debe tener prohibida su entrada a palacio.

Así, desde su aprobación en el consejo de ministros hasta su aplicación en el mundo laboral real han trascurrido la friolera de dos meses enteros, con sus días y sus noches, con sus nubes y sus cielos despejados, con sus prisas y sus pausas. No considero reprobable  de ningún modo esta ocurrencia del gobierno electo. Más dudas tengo sobre la urgencia de poner en marcha dicho “fichaje”, frente a la odiosa comparación  de la implementación y aplicación de otros reales decretos ley  que todavía, después de años y recorridos tortuosos, no se terminan de materializar. Claro está, me refiero a las patentes diferencias de tramitación y ejecución entre el real decreto legislativo referido al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión socialen el que destaca la cuestión de la accesibilidad de las personas discapacitadas, y este real decreto ley referido a la prevención de la precariedad laboral de nuestros trabajadores.

Hay que tener en cuenta que, en el caso de la accesibilidad y los derechos de las personas minusvaloradas por nuestro funcionamiento los senderos se han bifurcado constantemente y a veces, nos hemos equivocado de camino. Además, en muchos casos en los que el proceso se ha llevado a cabo con relativo éxito, las mejoras producidas para los destinatarios han sido mínimas. Es menester traer a la memoria que,  en 2006 se aprobó la convención de los discapacitados por parte de la ONU, que en 2008 esa convención entró a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, que en 2010 nos sometimos a la evaluación inicial del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en 2011 se aprobó una ley por la que se suponía que se adaptaba nuestra legislación a la Convención de la ONU, que en 2012 se debía haber aprobado otra ley ( esta vez una de verdad, no de mentirijillas) para proteger y promover la autonomía personal de los discriminados por nuestro funcionamiento o aspecto, que finalmente esa ley de 2012 no se aprobó hasta finales de 2013 (mediante la fórmula del real decreto legislativo del que hablo) dejando en el aire muchos aspectos recogidos ya en la mencionada Convención, que a partir de ahí debía aplicarse con más fuerza aún en cada comunidad autónoma previa aprobación por su parlamento respectivo de leyes parecidas al frustrante real decreto ley de 2013, que solo años más tarde algunas autonomías lo hicieron (otras todavía ni divisan dicha normativa en el horizonte), que en materia de accesibilidad (y eso no consiste únicamente en poner rampas, rebajes y ascensores por doquier, ni en darle una capa ligera de chapa y pintura a la situación catastrófica con la que muchos españoles nos encontramos día a día) le pasaban la bola a los municipios en muchas ocasiones, que estos se hicieron y hacen el longuis un rato lavándose las manos (la mayoría se las siguen restregando a ver si se les quita la mugre), que en 2017 dicho Comité de la ONU nos pegó un buen bofetón  a España por no tener un sistema educativo inclusivo, que a finales de ese año todos los lugares públicos y de pública concurrencia debían ser accesibles, cosa que no ocurre para vergüenza de muchos, que desde ese año vivimos en plan Robin Hood pero sin robarle dinero a los ricos para dárselo a los pobres, que en 2019 hubo otro sonoro castañazo a España por incumplir la Convención singularmente en lo que respecta al continuo uso de caudales públicos para la construcción de nuevos centros residenciales pero no ha tenido consecuencias visibles (quizá porque hay un chiringuito montado al que nadie le quiere meter mano), que muchas comunidades autónomas no conocen siquiera que existe un recurso para la vida independiente llamado asistencia personal aunque aquí es por así llamarlo un recurso “aguachirri”, que después de más de diez años se sigue considerando la asistencia personal  un recurso nuevo que hay que estudiar con fatigosos y frustrantes proyectos pilotos en cada autonomía  a pesar de que su éxito está contrastado, que la bajada de pantalones gubernamentales es amplia, que si nadie se ha comprometido a mucho todos han aplicado nada, y que de nuevo las cosas de palacio van requeté despacio o a cero kilómetros por hora.

Las continuas dilaciones en la aplicación de leyes para discapacitados y para hacer que nuestras ciudades y pueblos no nos continúen machacando contrasta con la rápida ejecución y aplicación de leyes que en nada tienen que ver con nosotros, porque es cierto que ciertas prácticas pueden acarrear males, mientras que las otras traen consigo la muerte, sin exagerar. A los que nos queda cada vez menos pelo en la cabeza nos lo siguen tomando sin pudor alguno desde todos los ámbitos, especialmente en tiempos de promesas (de campañas electorales, de sonrisas profident, de buscar votos sin ton ni son).

Si tengo que mirar más allá y más acá llego a la conclusión de que la sociedad y sus miembros (y mal que me pese, yo soy uno de tantos) está contrahecha, es bastante mediocre, deforma a sus habitantes y está deformada. Ante este panorama a veces me pregunto si es deseable ser incluido en esta comunidad incompetente o si debo yo ayudar a construir bien y mejorar, en la medida de mis  escasas posibilidades, el entorno que me rodea. Y a verdad es que no encuentro respuesta que me satisfaga. Puede que si me dieran la herramienta adecuada de una asistencia personal suficiente podría…, pero deja ya de soñar, tontolaba.