El tema del acceso al transporte público urbano e interurbano en nuestro país es tan malo o peor que el de la accesibilidad a las calles, comercios, viviendas privadas, edificios oficiales públicos, y bienes y servicios de todo tipo. Sin embargo, hay que detenerse a analizar este aspecto por lo mucho que nos afecta a quienes funcionamos de forma diferente y somos discriminados por ello. De hecho, hay que recordar que el uso y disfrute de los medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo ha supuesto y supone un auténtico caballo de batalla sin resolver cuya mejora redundaría en nuestro beneficio y en el de todo el mundo.

En lo referente al transporte urbano terrestre, la responsabilidad en Málaga recae principalmente en la Empresa malagueña de transportes (vinculada a los autobuses) y al Instituto Municipal del Taxi. Ambos entes y su funcionamiento pertenecen al Área de Movilidad. Esta concejalía la dirige Elvira Maeso, que hace unos meses protagonizó una pequeña anécdota en el pleno del ayuntamiento.

Dejando a un lado que a mí me parecen rácanos los porcentajes enunciados en la ley para cumplir con la accesibilidad a los taxis y autobuses de esta y otras ciudades, hay que decir que en muchas de ellas estos porcentajes no se cumplen (70% de las capitales andaluzas según CERMI). Por poner un ejemplo, tenemos el Real Decreto 1544/2007 que establece en su artículo 8 que un 5% de la flota de taxis será accesible para aquellos que deambulamos en sillas de ruedas para noviembre de 2017. El plazo que se dan las administraciones y los taxis es amplio, como ven. El porcentaje del 5% produce arcadas si pilla desprevenido. Si se sigue ese mismo ritmo de adaptación de la flota, en dos siglos (200 años) todos los taxis serán accesibles. Pero tal y como está establecido ahora por ley no hay previsión de que ese desenfrenado ritmo se mantenga. Ni por esas, es que no hay manera de que se cumpla una insuficiente norma con generosidad en lo referente a las personas discriminadas por nuestro funcionamiento. Sepan que en la actualidad, el número de taxis adaptados en Málaga no llega a 5%, sino al 3,71%. Pero aquí tenemos un sol que es la envidia de los que nos visitan. ¿Que seguramente para dicha fecha se alcance el porcentaje establecido? Es probable, o no, eso está por ver, pero si no se cumple se concede una moratoria y punto. Sin embargo, la mera existencia de una norma que establece un número tan pequeño de vehículos accesibles para personas con movilidad reducida produce vergüenza a quien desea viajar en cualquier taxi sin cumplir ningún requisito ni seguir ningún procedimiento antes.

Centrándome en lo aparentemente anecdótico de la intervención de la concejala de movilidad, habría que hablar del bingo y los diferentes juegos de azar a los que uno se envicia cuando se dispone a viajar en autobús. El asunto consistía en mejorar la accesibilidad a dichos vehículos por medio de rampas, botones y señales. Un grupo municipal (Málaga Ahora, cuyos miembros supongo que tendrán escamas en la piel y llevarán tridente. En serio, formación que tendrá que hacer su labor positiva y negativa también) proponía que, ante las numerosas quejas de los viajeros, se mejorara el sistema de subida y bajada del vehículo entre otras cosas. Las palabras con que inició su perorata la concejala fueron que “aun así, durante el año 2014, de 44 millones de pasajeros transportados se recibieron 21 quejas por el tema de las rampas”. Y tanto la concejala como grandes partes del pleno se quedaron tan panchos.

Porque díganme ustedes que no tiene guasa el demoledor argumento empleado. Veamos, si yo comparo número de viajeros con quejas el resultado no significa absolutamente nada. Como se suele decir, aquí se ha engañado al personal como a chinos. Es como intentar poner frente a frente peras y manzanas. La mermelada que resulta saber a diablos. O igual no, pero eso no viene al caso. La ridícula comparación “44 millones de pasajeros” y “21 quejas por las rampas” debería formularse de alguna otra manera tal que así: “en 2014 se pidió equis veces que se desplegara la rampa del autobús, y de esas veces se desplegó correctamente zeta veces”. Me parece a mí que lo que aquel día de septiembre se dijo en el ayuntamiento sería equiparar peras con peras, comparando el número de pasajeros y quejas recibidas, pero olvidándonos del número de veces con o sin queja de por medio que se desplegó la rampa en cuestión y ya de paso tomándonos el pelo, que a alguno ya nos empieza a escasear.

Aparte, habría que preguntarse si el tener una rampa (valga esto para un vehículo o para un comercio) es suficiente para hacer a este lugar medianamente accesible. Todo puede ser que la rampa en cuestión tenga una inclinación mayor de la debida, con el peligro de que la silla vuelque o de que el ocupante de ella se caiga. Es importante también tener en cuenta si el ancho de entrada del lugar al que se acude resulta lo suficientemente ancho para que una rampa no sirva de mero elemento decorativo. Así mismo, habrá que considerar la facilidad de los lugares reservados a sillas de ruedas en los autobuses, y si su colocación permite al viajero ver las señales visuales correspondientes (emplazamiento de la parada, tiempo estimado de llegada, y demás).

Es posible que, como en la fotografía del aseo del área de accesibilidad del ayuntamiento de Málaga, todo se ajuste a la legalidad: medidas, ubicación, entorno y posición, y pese a ello le resulte imposible al ciudadano con silla de ruedas hacer uso correcto de la instalación. ¿Lo normal en este caso es conformarse a los dictados del personal técnico que obedece el mandato legal? ¿O por el contrario lo único justo y exigible sería instar a un inmediato cambio normativo? Entre unas cosas y otras, la hostilidad hacia la diferencia está más que probada. No quiero pensar, ni se me ocurre imaginar lo que ocurriría si cayera en España un pepinazo que terminara de un plumazo con la mediocre situación que a muchos nos afecta en estos y otros ámbitos. Lo mejor será ver los partidos de fútbol, pero la liga ya ha terminado.

Acerca del Autor César Giménez

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