La lectura de una noticia aparecida en un periódico de ámbito estatal me ha decidido a dirigirme a ustedes para transmitirles mi preocupación por la credibilidad que el Consell merece, a miles de ciudadanos discriminados por su discapacidad y a sus familias, en materia sanitaria.
El 24 de abril el BOE publica un Real Decreto por el que se modifica la cobertura del estado, entre otras, de la prestación farmacéutica, que entró en vigor el 1 de julio. Por tanto existió un periodo de más de 2 meses para tomar las medidas oportunas para el cumplimiento de lo mandatado.
El Ministerio publicó en su página una información que en forma de contestación a preguntas explicaba la normativa. Concretamente en lo referido a las personas con discapacidad decía: “Las personas con grado de discapacidad superior al 33% estarán exentos de aportación en prestación farmacéutica”. Con esa información se llegó al 1 de julio y los usuarios, principalmente las personas con discapacidad que gozaban de exención por ser pensionistas, acudimos a las farmacias provistos del certificado de discapacidad. Fue imposible sacar los medicamentos sin pagar el 10%, y concretamente el 5 de julio la Conselleria llamaba a asociaciones de discapacitados informando telefónicamente de que la exención no se iba a practicar de oficio, cruzando los datos de afiliación de los servicios sanitarios con los de certificaciones de discapacidad expedidas, si no que debía de solicitarse la expedición de tarjeta sanitaria de discapacitado presentando impreso de solicitud y fotocopia del DNI y certificado de discapacidad.
En resumen, lo que la Conselleria decía era que para las personas con discapacidad estaba vigente la ley del Estatuto del Discapacitado, del año 2003, que en materia de prestación farmacéutica tardó 49 días en dictar instrucciones para su cumplimiento. El estatuto fija la gratuidad para la prestación farmacéutica a los discapacitados en un grado superior al 33% para los menores de 18 años, y superior al 65% para los mayores de 18 años.
Nos encontrábamos por tanto en una situación en la que una parte de las personas con discapacidad severa, más del 65%, tenía acceso a la prestación farmacéutica gratuita por ser pensionistas o beneficiarios de ellos, mientras que otra parte habían tramitado la tarjeta sanitaria de discapacidad. Los primeros tuvieron que empezar el peregrinaje por los centros de salud para tramitar la solicitud, yo entre ellos, y presentándolo el 9 de julio tuvimos que llegar a entrado agosto para que mi calificación en el SIP cambiara y las recetas aparecieran con la clave que conlleva la exención de aportación.
Lo que en un principio, 9 de julio, iban a ser 3 días para hacer el cambio se ha convertido en un mes, tiempo durante el cual en el centro de salud no sabían que pasaba. El teléfono 900 empezó a decir que las solicitudes estaban paralizadas en una unidad administrativa,… y mientras tanto personas allegadas veían tramitado el cambio, pese a presentarlo después de otros muchos que no lo han conseguido a día de hoy.
El testimonio que más me afectó fue el de una chica que me dijo que le habían dicho que “tenían que valorarla”. Me lo decía con una mezcla de indignación y desesperación. Tenía el certificado de minusvalía en papiro, le habían valorado miles de veces para justificar puestos de trabajo de tasadores al peso de las limitaciones que tiene. Pero si indignada estaba por tener que volver a ser tasada, desesperada estaba por no saber dónde pedir la valoración y cuanto tiempo tardaría en tener el papel de turno. Intenté, no sé si lo conseguí, convencerle de que lo que le habían dicho era que había que valorar lo que había presentado, no pasarle otra valoración.
Llegados a finales de agosto, un conocido me dice que la expedición de tarjetas está paralizada, pendiente de un informe jurídico para determinar cómo afecta el Real Decreto a la Comunidad Valenciana.
Me he apresurado a tranquilizarle porque es imposible que el Consell ponga en cuestión la vigencia de una medida que presentó en el proyecto de ley del Estatuto del Discapacitado y aprobaron los diputados de las Corts en un pleno histórico, el del 26 de marzo de 2003. Por otro lado la Ministra Ana Mato afirmó en el Pleno del 18 de Julio «Quiero recordar que ya hemos avanzado algo en el Real Decreto 16/2012, que mantiene las especificidades para las personas con discapacidad, como la gratuidad en los medicamentos, y además plantea por primera vez que en las informaciones de prescripción y terapéuticas se garantice la accesibilidad a todas las personas con discapacidad.»
Quiero puntualizar que la discapacidad no está emparejada con la enfermedad y la necesidad de medicinas, si bien una parte de las discapacidades más severas tienen su causa en enfermedades congénitas o adquiridas que son degenerativas (enfermedades neuromusculares, Esclerosis Múltiple o Lateral Amiotrófica, Síndrome Pospolio, Parálisis cerebral Infantil,…). Para que se me entienda, los decimolimpicos valencianos Ricardo Ten o David Casinos hacen tanto gasto en farmacia como el Rey en taxis.
Lo que verdaderamente preocupa a las personas con discapacidad severa que precisamos prestaciones farmacéuticas es como les está afectando y les va a afectar la actuación de las autoridades sanitarias. Por un lado están las personas que con discapacidad superior al 65%, algunas de ellas trabajadores en activo, y los niños menores de 18 años que con padres cotizantes han obtenido la tarjeta sanitaria de discapacidad desde 1993, acogiéndose al Estatuto del Discapacitado. No puede pretenderse que a un servicio jurídico avale la nulidad de una ley salida de las Corts.
Por otro lado estamos los que teniendo la condición de pensionistas o beneficiarios de pensionistas, teníamos reconocida la gratuidad de la prestación farmacéutica, como medida de compensación a la escasez de las pensiones, y hemos solicitado la tarjeta sanitaria de discapacidad ahora. No parece razonable que la Generalitat vaya en contra de sus propios actos y pretenda anular resoluciones cuya firma aun no ha secado la tinta. Y menos razonable que habiendo atendido a unos no lo haga con quienes están en las mismas condiciones.
Las grandes discapacidades vienen a ser producidas por enfermedades de imposible cura, que de momento mitigan sus efectos de los llamados medicamentos para “síntomas menores”. Pues bien, a la población en general le repercute poco la eliminación de la financiación pública de esos medicamentos porque los utilizan esporádicamente o solo alguno de ellos, pero quien arrastra enfermedades altamente limitantes tiene que utilizar varios: laxantes porque no tiene fuerza abdominal, cremas para la dermatitis del pañal, cremas para las hemorroides, gotas para la circulación, desinfectantes, cepillos de cánulas, compresas de algodón,… y tacita a tacita se ha visto incrementado con la ultima retirada de financiación de fármacos.
No obstante lo anterior hay una cuestión que no acierto a explicar a quienes me interpelan. Se trata de pacientes a los que se les está acabando la paciencia. Antes no pagaban por los medicamentos en atención a que las pensiones en España son bajas porque los pensionistas estaban exentos de aportación farmacéutica, con el cambio normativo hay que pagar el 10% hasta un máximo de 8 euros. Y ahí viene la cosa en que hay que pagar el 10% y esperar a que pasen 3 meses para que de oficio la Generalitat te reintegre el exceso.
Pues bien, la práctica totalidad de esos beneficiarios son pensionistas y personas discapacitadas por enfermedades crónicas incurables. El hecho de que el porcentaje de aportación sea del 10%, sin implementar un sistema que limite la recaudación en el momento en que se llegue al tope, produce que las cantidades abonadas por el usuario se reintegren a posteriori. Hay que agradecer que en nuestra comunidad el plazo de reintegro se haya fijado en la mitad del permitido por la normativa, tres meses.
El Real Decreto que establece lo mencionado en el párrafo anterior está lleno de referencias a cosas como: la racionalización, la eficiencia, el ahorro, la asignación eficiente de recursos personales,…. Pues bien, eso es incompatible con establecer un procedimiento que obligue a que se tengan que destinar recursos personales para atender las colas de petición de información y atención en los ya saturados centros de salud, también hay que contar los empleados públicos necesarios para tramitar los reintegros de las aportaciones, sin mencionar el personal de servicios sociales de atención domiciliaria que tendrán que detraer parte del tiempo de asistencia directa a usuarios para ir a los centros de salud para gestiones de dudosa eficiencia. Tampoco hay que obviar el coste bancario de las transferencias.
Resolver lo anterior es sencillo, basta con que informáticamente se establezca la manera de que el usuario, alcanzado los 8 euros de aportación, deje de cobrársele. El no establecer la limitación de aportación cuando se ha alcanzado la máxima mensual puede parecer que es una forma de financiación de la Generalitat, por cuanto está recaudando un exceso de aportación de tres meses. Y lo peligroso, lo que trae de cabeza a mucha gente es el hecho de que se les diga por activa y pasiva que guarden los recibos de compra para reclamar. Recibos (Tikets) que por cierto contienen importes de medicamentos financiados sujetos a aportación, junto con otros que no están financiados. La cantidad de personal necesario para fiscalizar ese procedimiento es escandalosa y debería de obviarse, llegado el caso, acompañando a la solicitud de devolución el documento detalle correspondiente al cobro trimestral por sobreaportación que a petición del interesado tiene que entregar el centro de salud.
Demasiada burocracia para personas que no pueden ser abocadas a una retorcida aplicación de la ley de procedimiento administrativo y que se puede evitar aplicando los medios informáticos que desde hace muchos años hemos puesto en manos de nuestro sistema sanitario. Pese a que muchas personas me han hecho llegar su convencimiento de que se pongan como se pongan los van a “fastidiar”, yo me he esforzado en transmitirles la confianza de que las personas al frente de la Generalitat son gente “Honorable”, y mucho. No me dejen quedar como un estúpido.
Valencia, 4 de septiembre de 2012
Autor: Vicente Valero Sanchís.
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