Muerte física, muerte social

Uno de los derechos humanos es el derecho a la vida, que ni mucho menos acaba en el momento del parto. Ahora mismo y pese a las discusiones existentes, se considera persona merecedora de recibir tales derechos a un ser humano tras nacer. Lo cual significa que se está dando un homicidio múltiple a numerosos individuos.

En la antigüedad y hasta hace poco tiempo, o si leemos las páginas de sucesos hasta hoy en día, se daba una muerte física al sujeto no estándar. Típico es mencionar el caso de Esparta, cuando en la antigüedad clásica los adultos de este pueblo arrojaban desde el monte Taigeto a los niños con menos probabilidad de sobrevivir. Si, en efecto, fallecían tras esta barrabasada era porque no merecían vivir. Si, por el contrario, sobrevivían (improbables) eran admitidos en su pueblo. No es el lugar ni el momento de ahondar en los motivos que llevaban a los espartanos a actuar de este modo. De una manera algo más sutil esta situación se viene repitiendo a los largo de los siglos.

Hoy en día, es más frecuente que el homicidio se traduzca en una muerte social, en la que la persona con diversidad funcional sigue respirando pero no existe para sus congéneres. Hay lugares en los que se le encierra en contra de su voluntad, en otros sitios se abusa física y psicológicamente de ella, y en otros ese abuso alcanza cotas innombrables. Hablamos así de auténticos crímenes de odio bajo el pretexto de la lástima y los juicios sumarios sobre vidas que supuestamente no merecen la pena ser vividas. Por fuerza hay que mencionar la película de Elías Querejeta “La caza” en la que se dice sin tapujos que antes la muerte que ser un cojo o un manco.

Siguiendo con el asunto de muerte social es necesario nombrar el caso del gallego Agapito Pazos, la persona que ha vivido sin pisar la calle más tiempo en España. Su único crimen fue haber nacido con diversidad funcional. Hay quien defiende con pundonor a un sistema que permitió que formara parte casi inherente, casi como un mueble más, del hospital de Pontevedra donde pasó toda su vida: 74 años. Cuando contaba con 67, un celador apiadado, lo sacó un día a pasear y a ver una puesta de sol. Acto heroico sin duda. Por contra, algunos opinamos que la situación en que existía Agapito no es justificable bajo ningún concepto, pero en fin, la institucionalización es así. Hay quien la defiende a capa y espada y hay quien no: quien defiende que todas las personas merecemos vivir incluidas en la comunidad y no en granjas o instituciones varias.

El derecho inalienable a la vida, según propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, junto a otros tratados internacionales y leyes españolas, implica dar aquellos apoyos necesarios para que quien los necesita haga uso de ellos para su pleno desarrollo como persona.

Personalmente y en ese sentido me importa que se erradique la discriminación, los discursos lastimeros y los crímenes de odio que se producen en diferentes ámbitos. Es muy preocupante que sucedan atentados contra la vida so pretexto de una u otra ideología, por diversidad funcional, nacionalidad, edad, orientación sexual, raza, sexo, etnia u otro motivo igualmente irrelevante y peregrino.