Dependientes a los que no les salen las cuentas

Algunos afectados renuncian a ayudas porque les obligan a dejar otras

No son pocos los usuarios de servicios sociales municipales que están renunciando a las ayudas que les concede la Ley de Dependencia porque no les salen las cuentas. En algunas comunidades se han aprobado normas que hacen incompatibles unas ayudas y otras y obligan a prescindir de una de ellas: algunos afectados rechazan las que ofrece la Ley de Dependencia. Uno de los casos que más preocupan en los servicios sociales es la imposibilidad de sumar a la ayuda domiciliaria municipal una plaza en un centro de día. “¿Qué hacemos entonces, subimos a los ancianos al autobús para ir al centro sin haberlos aseado ni cambiado los pañales?”, se queja una trabajadora social de Valencia, miembro del Observatorio de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Afortunadamente, dice esta mujer, que no quiere dar su nombre, “los ayuntamientos están manteniendo su ayuda a domicilio, porque no han recibido instrucciones detalladas”.

Cada comunidad ha regulado las prestaciones de una manera distinta

Una mujer rechazó los cuidadores que le ofrecían porque le salía más caro

En la Comunidad Valenciana, los trabajadores sociales denuncian que se está creando “un sistema paralelo que avanza en la privatización de los servicios sociales”. “En lugar de mantener la ayuda a domicilio municipal -un cuidador en casa, unas horas a la semana-, conceden una ayuda económica para que contraten esa asistencia con una empresa privada. Pero eso será de pago y hasta ahora les sale gratis”, dice esta trabajadora social valenciana. Y añade: “Además, eso va en contra de su propia normativa, que establece que esta prestación sólo se dará cuando no haya servicios públicos a disposición, y los hay”.

El presidente de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca que se está “vaciando de recursos el ya exhausto sistema de Servicios Sociales para atender únicamente a las situaciones de Dependencia, y hay muchas personas que, sin ser dependientes, necesitan apoyo. Si una madre soltera tiene tres hijos no podrá ir a trabajar si alguien no va a la casa, los levanta y los lleva al colegio. Esa mujer no es dependiente, pero necesita la ayuda”, pone como ejemplo.

No todas las comunidades han declarado, sin embargo, incompatibles las ayudas. Los trabajadores sociales ponen como ejemplo a seguir Andalucía, que suma unas y otras ayudas y que ha aprobado una orden que distingue perfectamente quiénes son usuarios de los servicios sociales y quiénes son, además, dependientes. En La Rioja, País Vasco o Castilla-La Mancha está regulada la compatibilidad; en otras, como Asturias o Galicia, no está regulada, pero se aplica. Y en algunas, como la valenciana o Murcia no se puede optar a estas dos ayudas a la vez.

Nuria, una mujer de Cantabria, separada, madre de dos hijas y mileurista, ha cuidado de su madre, enferma de alzhéimer, durante 20 años. Una trabajadora social de su Ayuntamiento iba dos horas al día de lunes a viernes, gratis, para asear a la madre. El resto de las horas, Nuria se gastaba parte de su sueldo y la pensión de la anciana en pagar a otras dos trabajadoras -mañana y tarde- para que ésta no estuviera sola en casa. En total unos 1.000 euros al mes, que no declaraba porque económicamente no podía afrontarlo. Con la Ley de Dependencia le propusieron que un cuidador fuera unas horas al día, incluidos sábados y domingos, pero prescindiendo de la ayuda municipal. “Y yo tendría que pagar cerca de 300 euros al mes por el copago de ese servicio nuevo y seguir con las otras dos trabajadoras. No puedo afrontar eso. He renunciado”, afirma. “Yo no quería dinero, sólo ayuda para salir los fines de semana”.

Los servicios que se están ofreciendo, en muchos casos, no suponen un desahogo.

Y tampoco contribuyen a una eficaz implantación de la ley localismos que impiden que personas que no están empadronadas en un pueblo no tengan derecho a una plaza en el geriátrico. “Las desigualdades por comunidades se están incrementando más por razón del empadronamiento”, reza el informe que han elaborado directivos de Servicios Sociales (directoressociales@hotmail.com).

Sólo hay un servicio, la teleasistencia, que no es incompatible con ninguna otra ayuda, “pero ése no se prescribe”, añade Ramírez. “Esta ley, para tener ya dos años, sigue yendo demasiado despacio. Y es una buena ley, eso sí”, añade.Pero están aflorando casos rocambolescos, como tener plaza en un centro de día y no poder subir al autobús.

Carmen Morán | 20/3/2009. FUENTE: ElPais.com

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