Discapacitados demandan accesibilidad

ECUADOR. Colectivo pide en Guayaquil que el Cabildo elimine barreras en entidades y sancione a quien incumpla la ley

Bernadino Boltoni [Clic para ampliar la imagen]

Antecedentes

Entre 1923 y 1924 se construyó el edificio de la Gobernación del Guayas.

Desde entonces, recién en los últimos meses del año en curso, se ejecutan obras para facilitar el ingreso de personas con discapacidad por medio de ascensores y rampas.

En 1998, a petición del Conadis, el INEN convocó a un grupo de profesionales que elaboró 22 normas técnicas de accesibilidad al medio físico, cuya publicación fue realizada en el 2000.

El artículo 78 de la Ley de Discapacidades señala que todo espacio público y privado de asistencia masiva, temporal o permanente de individuos, “debe contemplar en su diseño los espacios vehiculares y peatonales exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida”. En Guayaquil, sin embargo, esa disposición aún no se cumple del todo, de acuerdo con lo que demandan miembros del colectivo.

La semana pasada, precisamente, cinco asociaciones de personas con discapacidad física, a través de sus representantes, presentaron en la Corte de Justicia de Guayaquil una Acción Constitucional Ordinaria de Protección en contra de Jaime Nebot, alcalde de la ciudad y Miguel Hernández, procurador Síndico de la Municipalidad, por no eliminar barreras de accesibilidad, urbanísticas y arquitectónicas que permitan ingresar a las entidades públicas y privadas.

Además de ellos, otras 10 personas denunciaron en la Comisaría Cuarta de la urbe porteña que en zonas regeneradas también hay entidades públicas y privadas a las cuales no se puede ingresar por las barreras existentes.

Incluso para interponer este tipo de demandas los afectados tuvieron que sortear algunas dificultades. Eso le pasó a Raúl Cordero, demandante cuadrapléjico, quien para ingresar a la Corte de Justicia debe pedir ayuda a por lo menos dos personas para subir las escaleras del edificio, de lo contrario no puede solicitar que se cumplan sus derechos.

351.732 personas con limitaciones físicas viven en la provincia del Guayas, según el Conadis

Él es uno de los que denunció ante el Juzgado Vigésimo Cuarto de Garantías Penales que no existen rampas para ingresar a la Corte Provincial de Justicia, Gobernación, Intendencia, Comisarías de Policías, Municipalidad de Guayaquil (calle 10 de Agosto), Facultad de Jurisprudencia de la universidad de Guayaquil, Casa de la Cultura, instituciones bancarias, entre otras.

Para él es importante que estos espacios sean accesibles pues hay otros 351.732 ciudadanos que viven en Guayas y presentan alguna limitación en sus facultades físicas. Ya en el país son 1’608.334, según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).

“No existen rampas para acceder a entidades públicas, por eso hemos presentado un Recurso de Protección de Derechos para que obedezcan la ley”, indicó Cordero.

Algo que también respaldó Manuel Calasanz, presidente de la Asociación Emprendedores Profesionales con Discapacidad, quien en el oficio presentado ante el Juez de Garantías Constitucionales, solicita que las edificaciones públicas y privadas adecuen en el plazo de tres años las vías de acceso para discapacitados, situación que no ha sido considerada por la parte demandada.

“Las autoridades del Municipio nos dieron una respuesta “lavamanos”, diciendo que no les corresponde a ellos porque el acceso es interno y eso le corresponde a la institución”, manifestó.

Juan Vizueta, vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, que hace seis meses también solicitó al Consejo Nacional de la Judicatura y al Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que se cumpla la ley, dijo que ahí se “hizo caso omiso al comunicado, que señala su obligación de dar accesibilidad, ya que no existen rampas en las calles Pedro Moncayo, Av. Quito ni 9 de Octubre”.

Además, para el abogado el Cabildo tampoco ha cumplido la Ley de Discapacidades, al no exigir que entes públicos y privados creen vías de acceso para este grupo vulnerable. “Desde hace ocho años el Municipio no hace cumplir la Ley de Discapacidades. Lo único que recibimos es un comunicado del Director de Urbanismo, quien señaló que esta disposición es obligación de cada entidad del Estado y no de ellos”.

En efecto, el artículo 4, apartado h de la Ley de Discapacidades señala que la “elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio físico en las edificaciones públicas y privadas de uso público, está a cargo de los municipios”. Y adiciona en su artículo 19 que “los municipios, con asesoría del Conadis y el INEN (…) establecerán sanciones y multas por la inobservancia de estas normas”.

Para los demandantes si bien el Cabildo ha emitido ordenanzas no ha sancionado a quienes las incumplen. De ahí que decidieron demandar a la Municipalidad.

Este diario visitó los edificios a los que señala la demanda como inaccesibles. En la Corte se informó que no se podía atender a este medio porque tenían otras ocupaciones. En cambio en la Universidad de Guayaquil se solicitó una cita con el decano de la Facultad de Jurisprudencia, Alfredo Ruiz, e indicaron que esa no era su competencia pues es el rector, Carlos Cedeño, el encargado del tema. En la oficina de Cedeño dijeron que tenía otros temas que atender y que tampoco esa era responsabilidad suya y se remitió al decano Wilson Maita, de la Facultad de Medicina, porque ahí sí se han construido rampas, aunque no en Jurisprudencia.

En cambio en la Intendencia, Julio César Quiñónez, intendente del Guayas, afirmó que la competencia “de construir rampas y acceso a las instituciones” es exclusiva del Municipio de Guayaquil, pero que su institución se ha preocupado por este grupo y están adecuando vías dentro de la Gobernación y de la Intendencia. “La infraestructura es competencia del Municipio, pero nosotros vemos cómo controlar y supervisar que las autoridades conozcan y resuelvan los casos”, dijo.

En cambio Edwin Cevallos, director arquitectónico de la Gobernación, explicó que en la remodelación está contemplada la implementación de un ascensor, baterías sanitarias y rampas. Y agregó que en “la planta baja habrá una oficina para denuncias, y por medio del ascensor los discapacitados recorrerán el resto del edificio”.

Para Efrén Garaicoa, coordinador del Conadis en Guayas, lo que debe quedar claro es que toda institución pública y privada debe adaptar sitios de accesibilidad para discapacitados siguiendo las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (Inen).

Además señaló que cuando el Cabildo habilitó las primeras rampas “hubo que hacer remodelaciones para que las personas pudieran desplazarse”. Ahora, aseguró, ambas instituciones tienen el acuerdo “Ciudades amigables” para eliminar las barreras.

Raúl Cordero. Demandante cuadrapléjico

No existen rampas para acceder a entidades públicas, por eso hemos presentado un recurso de protección de derechos.

Manuel Calasanz. Presidente de Discapymes

En el Municipio nos dieron una respuesta “lavamanos”, diciendo que no les corresponde a ellos (adecuar el acceso) porque es interno.

Guayaquil, Ecuador. 8/10/2009.
AUTORA: Estefanie Maquilón emaquilon@telegrafo.com.ec.
FOTO: Pilar Vera.
FUENTE: Telegrafo.com.ec