Intereses contrapuestos a la inclusión

Nadie duda de que hacer un negocio con el propósito de ganar dinero es lícito. La cosa se tuerce un poquitín cuando el objeto de negocio son seres humanos. A este respecto la Consejera de igualdad de Andalucía, María José Sánchez Rubio, que antes que fraile fue cocinera, es decir que antes de consejera ya fue diputada en las Cortes Generales cuando se fraguaba la Ley de Dependencia, habla de que existen numerosos intereses en contra de la implantación efectiva de un sistema digno de asistencia personal y que, debido a ellos, la asistencia personal tendrá que seguir subsistiendo mediante el sistema de subvenciones que lleva en boga en Andalucía desde hace años. Así florecen nuevas instalaciones y centros residenciales.

Sus palabras no son de extrañar en absoluto. En concreto afirmar que hay intereses tanto empresariales como dentro del propio movimiento asociativo organizado de la discapacidad que buscan más el beneficio económico, de cientos de miles de euros, que la inclusión de todas las personas en la sociedad se aproxima bastante a la realidad. Sus palabras no desentonan en absoluto con la manera de actuar de los gobiernos de las últimas legislaturas. Sépase que la propia Administración General del Estado, a través del IMSERSO tiene y mantiene varios centros residenciales a lo largo y ancho de nuestra geografía. Tiene razón porque su propia Consejería subvenciona la existencia de más de un centenar de granjas humanas para personas que funcionamos de un modo diverso, y eso no va a cambiar con la de puestos de trabajo que esta industria genera. De hecho, la propia Consejería y numerosos ayuntamientos son dueños de muchos de estos “mataderos”.

No obstante las palabras de la Consejera Andaluza, “como ha establecido claramente el Comité” de la ONU “sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el internamiento en una institución es incompatible con el artículo 19” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Entonces para qué narices hemos firmado y ratificado dicha Convención? ¿Para contradecir su articulado? ¿Acaso ha sido para darnos el placer de burlarnos de todo el mundo? ¿O ha sido para aparentar que hacemos cuando en realidad no hacemos? No estoy seguro de cuáles serán las respuestas, pero sin duda algo apesta y no precisamente en el reino de Dinamarca, que diría Hamlet, sino más bien en el reino de España, que es más chulo que un ocho.

Habría que mirar los intereses de todo tipo tanto empresariales como individuales para lograr una vida digna mediante la asistencia personal y otros apoyos, conforme a lo que nos dice el MVI. Parece claro que hay un liliputiense David que se enfrenta a miríadas de gigantescos y forzudos Goliat. Por poner un ejemplo, sólo mencionaré que existe una “pequeña” empresa, llamada ILUNION dentro del conglomerado liderado por la ONCE que factura 700 millones de euros al año. Una de sus divisiones se encarga de las residencias y los centros de día. Tiene 7 residencias con más de 800 usuarios viviendo o sobreviviendo en ellas, y aproximadamente una veintena de centros de día en los que ven pasar la vida más de 200 personas. El presidente de esta empresa, que a su vez también es secretario general de la ONCE, forma parte así mismo de la junta directiva de CERMI. Sin duda Alberto Durán es un personaje y un empresario ejemplar. Pero esto no es más que un ejemplo del tamaño de unos y otros, de los ejemplares que buscan la vida independiente de las personas y los que persiguen otra cosa. Y ojo, no digo que las actuaciones de ILUNION sean ilegales. Pero en la entrada que puse aquí también indicaba que la ONU no tiene en muy alta estima estos centros.
Para finalizar este post me permito pegar parte del párrafo 23 del mismo informe de Naciones Unidas.

23. A menudo se considera que la segregación y el internamiento en una institución son las únicas opciones disponibles. Sin embargo, como ha establecido claramente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el internamiento en una institución es incompatible con el artículo 19, por lo que los Estados partes tienen la obligación de ofrecer alternativas. Otros factores que llevan a internar a las personas con discapacidad en una institución son el hecho de que los responsables de las políticas no tengan los conocimientos adecuados, los intereses creados de los proveedores de servicios de atención institucional, la reducción de los presupuestos de servicios sociales y atención de la salud, la carencia de recursos alternativos de algunas personas con discapacidad…