En uno de esos documentos que de vez en cuando publica la ONU y que tanto incomodan a los aludidos se dice en su párrafo 21:
Aunque el internamiento puede variar de un contexto a otro, hay ciertos elementos comunes que lo definen: el aislamiento y la segregación de la vida comunitaria; la falta de control sobre decisiones que afectan a la vida cotidiana; la rigidez de la rutina, sin tener en cuenta preferencias o necesidades personales; la realización de actividades idénticas en el mismo lugar organizadas para un grupo de personas bajo una autoridad central; un enfoque paternalista en la prestación de servicios; la supervisión de los sistemas de vida sin consentimiento; y el número desproporcionado de personas con discapacidad que viven en el mismo entorno. Así pues, el internamiento no solo tiene que ver con vivir en un entorno determinado; es, sobre todo, la pérdida de control como consecuencia de la imposición de un sistema de vida determinado.
Aquí tienen una larga ristra de razones por las que la ONU considera que las residencias no son buenas sin importar el lugar donde se ubiquen ni el tamaño que tengan.
Como muchos de ustedes pensarán y dirán que Naciones Unidas es un avispero loco y sin autoridad alguna (o con muy poca), es menester saber que la Unión Europea aprobó y publicó en 2013 un Reglamento que, entre su artículo 19, sus condiciones ex ante, y sus continuas referencias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prácticamente impide a sus estados miembros el uso de los fondos estructurales para abrir nuevos y mantener viejos centros de este tipo. Pero ocurre que también es generalmente aceptado por el españolito de a pie que la Unión Europea es otro enjambre corrupto, y el cementerio de elefantes por excelencia. Así que no nos acordamos mucho de ella excepto cuando hay que negociar con sus otros países para recibir un dinero que no nos sobra.
Cada vez, por tanto, que escucho hablar de incrementar el gasto destinado a la discapacidad, a la dependencia, lo primero que hago es echarme a temblar, y luego rezar para que Dios reparta suerte. En fin, como el pensamiento español tradicional es el de rechazar cualquier sugerencia, recomendación o dictado que venga de fuera de nuestras fronteras, nuestras autoridades (central, autonómicas y locales) por ahora van a su aire y siguen financiando este tipo de centros contra viento y marea.
Estos días proliferan como hongos cuando llueve las promesas de todo tipo que van a conducirnos a El Dorado, y por tanto no considero fuera de lugar erigirme en pregonero y recordarle al común de los mortales que España cae continuamente en la incongruencia y la incompatibilidad con el derecho internacional, lo que repercute negativamente en la vida decente e independiente de muchas personas discriminadas por su funcionamiento, y la sociedad, economía, y bienestar de una nación que bien que necesita de todo esto. No deja de ser irritante el desdén con el que se trata a un colectivo concreto, pero más estúpido todavía resulta cuando se observa que semejante vejación va en detrimento del bien común.
Por mi parte, sería superfluo insistir en que la opción “centro residencial” no debería siquiera existir salvo casos muy aislados. En este sentido, al menos me parece que la mayoría de veces se trata de un capricho intolerable. Existen soluciones alternativas más económicas y respetuosas con la persona a la que se quiere ayudar. Aparte de que habría que comparar el precio de la exclusión y de la inclusión en la comunidad, queda fuera de lugar comparar un derecho humano reconocido con dinero de cualquier monto y color.
Más información: Informe anual A/HRC/28/37 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos