La mayoría sabemos y reconocemos que la Ley de Dependencia nació, creció y ahora está falleciendo sin pena ni gloria. Esto quiere decir que no ha tenido el éxito deseado por las personas con diversidad funcional desde su creación ni durante su desarrollo. Si lo que se pretendía era que tuviéramos una verdadera Ley de Independencia Personal, el fracaso ha sido calamitoso, porque no ha contribuido de hecho a mejorar la vida de las personas con necesidades de apoyo externo ni ha contribuido a generar empleo de calidad, no ha servido para generar riqueza ni nada parecido. Ha servido, eso sí, para perpetuar el papel subyugado de la persona discriminada por su diferente funcionamiento y el papel sacrificado de la mujer cuidadora en el domicilio. Podría añadir su nefasto diseño en lo económico o la nauseabunda discriminación territorial que contrajo, pero me abstendré de ello porque estamos en verano y no es tiempo de hacer leña del árbol caído ni del que está a punto de caer.
Si esta Ley supone el colmo (hasta ahora) de la hipocresía política española (no podemos olvidar que se aprobó esta norma evidentemente médica y rehabilitadora al mismo tiempo, es decir, la misma semana que en Nueva York aplaudíamos a rabiar la aprobación por la ONU del primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de un carácter eminentemente social y prácticamente opuesto a nuestra legislación) se admite la moción de que no ha sido ni será la única Ley española que se refiere a nuestro gremio, siendo totalmente inútil por desconocimiento, falta de interés o, simplemente, mala voluntad.
Por poner un ejemplo bastante claro del desinterés que despierta en el público en general la cuestión de la diversidad funcional se puede mencionar la Ley 26/2011 de adaptación de nuestra normativa a dicha Convención, que se aprobó en Agosto de 2011 para engordar una larga sarta de reglas que no cumple ni el gato. A esta Ley Ómnibus habría que añadirle el Real Decreto que la acompañaba, aprobado en Septiembre del mismo año, el 1.276 /2011 del que destaco porque me afecta especialmente su artículo cuarto referido al PLABEN (plan básico de emergencia nuclear) al que se le añade la frase que dice que «En todo caso, estos planes deberán prever protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad».
Con nostalgia recuerdo que hace años viajé en tren desde Madrid hasta Málaga para una boda de bastante postín. Al regreso, el interventor del ferrocarril dijo que mis hermanos eran unos irresponsables por permitir que un lisiado como yo viajara solo ya que se preguntaba qué pasaría si el tren descarrilara. Como yo ando bastante lento de reflejos no le contesté que lo más probable sería que me fuera al otro barrio o bien que me partiera las piernas y que alguien tuviera que venir a sacarme de aquel trasto. Con menos nostalgia recuerdo un par de veces que he ido al teatro principal de mi ciudad que, por supuesto, no está plenamente adaptado. Con tal motivo escribí un articulillo en otro medio de comunicación y la respuesta fue que César se quemaría el culo si hubiera un incendio en dichas instalaciones.
Dicho lo anterior, y nótese la ironía, ahora sé que desde Septiembre del 2011 los planes de evacuación de la población en caso de emergencia nuclear me tendrán en cuenta. Realmente hoy me siento mucho más tranquilo porque en caso de que estalle en mi cabeza un pepinazo atómico me sacarán del lugar de marras igual que a todos los cadáveres.
Ni la Ley Ómnibus ni el Real Decreto de los pepinazos en vinagre concluyen con un “continuará”, dándose a entender que toda la demás legislación española se ajusta de cabo a rabo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así pues en nuestros lares tenemos legislación de sobra que nadie cumple, normativas hipócritas y bastardas y tratados internacionales de derechos humanos, es decir, de segunda división prostituidos desde hace ya bastante tiempo. Y así nos luce el pelo.
Para no ser menos inútil, obedeciendo a una disposición de la mencionada Ley de Agosto de 2011, este gobierno lleva preparando desde hace más de un año una Ley General de la Discapacidad que se supone debe organizar bien la Ley de Integración Social del Minusválido, la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y la Ley de Infracciones y Sanciones por incumplir la ley anterior. Esto es, la nueva Ley, la gran aportación de esta legislatura al mundo de la diversidad funcional será hacer una especie de tres en uno: mezclará una Ley de 1.981, otra de 2.003 y una más de 2.007, intentando dorarlas con una pátina de sabor a Convención de Derechos Humanos. En realidad, si se aprueba un siglo de estos supondrá tanto en mí día a día como la existencia de un plan de emergencias nucleares que me incluya. No aportará nada nuevo, pero será la Ley estrella (o estrellada) de este gobierno hacia un colectivo no muy propenso a levantarse en armas por dos motivos: el primero sería que la mayoría de nosotros no nos levantamos, y el segundo sería que la mayoría no puede sostener y apuntar un arma.
Alguna vez me han dicho que las cosas de palacio van despacio, pero esto ya es pasarse: los caracoles nos adelantan por la derecha y lo más que alcanzo a ver es un nuevo tocho de hojas infumable.