La implantación de un sólido sistema de asistencia personal debe ir necesariamente acompañado de un compromiso y aplicación sistemática de políticas válidas de desinstitucionalización. Esas políticas de desinstitucionalización y la implantación de la asistencia personal y otros modelos de vida independiente alejados de la institucionalización, corren a cargo del estado, que ha delegado las funciones de desarrollar determinados medios de asistencia social en las comunidades autónomas. Por ello, el desarrollo de estos modos resulta tan desigual entre las regiones que componen nuestra geografía.
Mientras el movimiento organizado de la discapacidad clama a favor de sistemas inclusivos con la boca pequeña, con la boca grande y todo su poderío pide lo socialmente aceptado: centros residenciales, viviendas tuteladas, centros especiales de empleo y un largo etcétera plagado de indecencia y secundado por nuestras autoridades democráticamente elegidas que son las que ponen los dineros de todos para que la situación no cambie o cambie a peor, con la construcción y mantenimiento de centros residenciales para discapacitados a sabiendas de que esa dirección está prohibida.
La obligación constitucional recogida en el artículo 148 es que las comunidades tienen la potestad de construir y mantener esos servicios acordes al derecho internacional de los derechos humanos. Ya está bien de mantener una farsa que dura ya demasiado tiempo, que se ha cobrado demasiadas vidas. No es de recibo que, tanto unos como otros, mantengan empantanada sine die la asistencia personal mientras allanan el terreno a que nuestras vidas pasen a ser dominio de otros.
Ya los pueden llamar “centros de atención integral” o “residencias para gravemente afectados”; podrán utilizar infinidad de eufemismos para camuflar la perversión en la que incurren, y lo seguirán haciendo (que es bastante triste, no lo vamos a negar ahora) aunque está archi demostrado que resulta más decente, humano, económico y satisfactorio generar entornos más inclusivos y agradables, al tiempo que respetan los derechos de los discapacitados. No, no se debe confundir al personal diciendo que vida independiente es lo mismo que vida dependiente pero disfrazada.
En un casino cualquiera, si alguien apuesta en la ruleta tanto al rojo como al negro, pueden ocurrir un número de consecuencias: desde que echen a ese individuo de la sala de juegos por incoherente o por alguna otra causa, hasta que engañe a la afluencia y a sí mismo ganando y perdiendo a la vez. Si asumimos que este último es el caso, el trabajo desempeñado por esta persona será probablemente llamativo y vistoso, y el doble de lo necesario para, finalmente, permanecer como estaba con anterioridad.
Antes era posible parapetarse tras la simple ignorancia. Ahora es un asunto más serio, llamado desinformación. Se le niega a la población la posibilidad de conocer soluciones alternativas de vida independiente con ciudadanos discapacitados incluidos en la comunidad porque se ha perdido un tiempo precioso y vital en poner piedras en el camino de quienes intentaron construir con justicia esas alternativas de vida independiente.
Nos encontramos en la actualidad con un mini ejército de tullidos que, con una endeble organización intentan hacer frente a esas hordas malignas, y quizás lo peor de todo sea que el tiempo no perdona. Estas personas que mantienen una lucha desigual contra quien se tercie se cansan, tienen cierta edad, ven el futuro bastante gris tirando a negro, ven la residencia cada día más próxima y no ven señales de mejoras inminentes, sus debilitados brazos están cerca de doblarse y observan el desdén con que el dragón abre sus fauces ante el adocenamiento general.