El 24 de abril el BOE publica un Real Decreto por el que se modifica la cobertura de la prestación farmacéutica, que entró en vigor el 1 de julio. Durante esos dos meses el ministerio mantiene que las personas con discapacidad están exentas del pago de medicamentos y que la condición de discapacidad prevalece sobre la de pensionista, bueno lo mantiene en la web oficial. El 1 de julio acudimos a las farmacias provistos del certificado de discapacidad, imposible sacar los medicamentos sin pagar el 10% los que éramos pensionistas, el resto de discapacitados lo que habían venido aportando.
El 9 la web cambia y donde decía que las personas con discapacidad estaban exentas, dice que solo las que tengan derecho por la LISMI y añade una tontería. Dice que los que tengan pensión por jubilación y tengan derecho por la LISMI tampoco pagan, pero… quienes son pensionistas por jubilación tienen derecho a asistencia sanitaria no pueden ser beneficiarios de la LISMI, que establece que para ello no se puede tener derecho a asistencia sanitaria por cualquier otro medio. La figura del jubilado con asistencia sanitaria por la LISMI no existe, es como el unicornio, que solo existe en la imaginación de los publicistas.
Por otro lado la Ministra afirmó en el Pleno del 18 de Julio «Quiero recordar que ya hemos avanzado algo en el Real Decreto 16/2012, que mantiene las especificidades para las personas con discapacidad, como la gratuidad en los medicamentos,…). Pero si eso dijo en el diario de sesiones del congreso, el 4 de agosto dice en el BOE que los de la LISMI, los que no tengan derecho a asistencia sanitaria por si o como beneficiarios por otras vías. En total en estos momentos 11.000, pero la cosa se va a disparar conforme los trabajadores con discapacidades leves pierdan el derecho a las prestaciones sociales por acabar el paro y tengan que tramitar la nueva tarjeta.
Quiero puntualizar que la discapacidad no está emparejada con la enfermedad y la necesidad de medicinas, si bien una parte de las discapacidades más severas tienen su causa en enfermedades congénitas o adquiridas que son degenerativas (enfermedades neuromusculares, Esclerosis Múltiple o Lateral Amiotrófica, Síndrome Pospolio, Parálisis cerebral Infantil, Artrosis,…). Para que se me entienda, los decimolimpicos Teresa Perales o Ricardo Ten hacen tanto gasto en farmacia como el Rey en taxis.
Antes no se pagaba por los medicamentos en atención a que las pensiones en España son bajas y la exención se consideraba pago en especie; preocupa que según Real Decreto los pensionistas tenemos que pagar el 10 % del precio de los medicamentos, hasta un tope de 8 euros mensuales, siendo reintegrado el exceso en un plazo de hasta 6 meses.
El Real Decreto está lleno de referencias a cosas como: la racionalización, la eficiencia, el ahorro, la asignación eficiente de recursos personales,…. Pues bien, eso es incompatible con establecer un procedimiento que obligue a que se tengan que destinar recursos para atender: las colas de petición de información y atención en los ya saturados centros de salud, los empleados públicos para tramitar los reintegros de las aportaciones, sin mencionar el personal de servicios sociales de atención domiciliaria que tendrán que detraer parte del tiempo de asistencia directa a usuarios con gran dependencia y sin apoyos familiares, para ir a los centros de salud para gestiones de dudosa eficacia. Tampoco hay que obviar el coste bancario de las transferencias.
Evitar lo anterior es sencillo, basta que informáticamente se establezca que el usuario, alcanzado los 8 euros de aportación, deje de tener que pagar. El no hacerlo parece un sablazo que a saber si se devolverá, porque a los pensionistas se les está diciendo por activa y pasiva que guarden los recibos de compra para reclamar. Recibos (Tikets) que por cierto contienen importes de medicamentos financiados sujetos a aportación, junto con otros que no están financiados. La cantidad de personal necesario para fiscalizar ese procedimiento es escandalosa y debería de obviarse, de hecho en algunas comunidades no se ha respetado lo del reintegro y se ha establecido el mecanismo que detiene el pago cuando se llega al tope de aportación, al que en este escrito me he referido como 8 euros por ser el mayoritario.
Demasiada burocracia para personas que no pueden ser abocadas a una retorcida aplicación de la ley de procedimiento administrativo, evitable aplicando los medios informáticos que desde hace muchos años hemos puesto en manos de nuestro sistema sanitario. Da la impresión de que este país sea una nave en dificultades que espera a lanzar la llamada de rescate, a haber tirado por la borda a todos los discapacitados severos y pensionistas, siendo la medida estrella quitar de la cartera básica los medicamentos para “síntomas menores”. Con estas formas de hacer las cosas evidentemente no se va a tocar la cuantía de las pensiones, se va a reducir el censo de pensionistas empezando por los que precisamos asistencia sanitaria.
Valencia, 9 de septiembre de 2012
Autor: Vicente Valero Sanchís.
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