La decisión de la Consellería de Educación que segregará a los niños con diversidad funcional va en contra de la ley.

La Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad avala la educación inclusiva con los ajustes razonables necesarios para los estudiantes con diversidad. España la ratificó el 13 de Diciembre de 2006 (BOE 21/04/2008, 20648-20659). A pesar de ello, la Xunta se afana por segregar y apartar del entorno educativo a los niños y niñas con diversidad funcional (discapacidad). Esta práctica, a la que se intenta dar un barniz de legitimidad con el anuncio la creación de aulas específicas con material y recursos humanos específicos para los niños con diversidad, realmente enmascara la ausencia de promoción de los recursos educativos exigidos para el cumplimiento de las normas tanto de la Convención como las recogidas en la LIONDAU y la LOE.

En el artículo 24 de la Convención (Educación, apartado 2.b y siguientes) se recoge el derecho a acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en que vivan, con los ajustes razonables en función de las necesidades individuales así como los apoyos necesarios y medidas personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el máximo desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

El objetivo que alega la Xunta de racionalizar recursos es compartido por todos, pero no a costa de dejar atrás la inclusión, declaró María José, madre de una niña de 10 años con Síndrome de Down y residente en Vigo. No hago más que oír que la Xunta ha comprado coches oficiales o remodelado un despacho con todo lujo. Parece de sentido común que primero se atienda lo importante y exigible según Ley y después, si queda dinero, lo accesorio. Como miles de madres gallegas, desde que supo de la decisión de la Xunta de segregar a los niños con diversidad funcional, María José vive en la angustia de saber cómo va a afectar esto a su hija. Mi hija está integrada en el barrio. Aquí tiene sus amigos, sus vecinos, sus hermanos, enviarla a otro colegio no va a mejorar su inclusión, al contrario, la va a empeorar.

Esther vive en A Coruña y es madre de un niño con autismo. La comunidad educativa, el movimiento asociativo de la discapacidad, los representantes políticos elegidos por el voto de la ciudadanía y la sociedad en general tienen que reaccionar e impedir que la segregación escolar se imponga en Galicia o en cualquier comunidad española porque se trata claramente de una violación de los Derechos Humanos.

Foro de Vida Independiente
3 de noviembre de 2008
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