En un pasado no tan lejano, en esta misma galaxia, CERMI y sus compañeros representados alegaban en sede parlamentaria que en España solamente había “un número de usuarios de 4.500” personas con discapacidad con servicios de atención domiciliaria, “los centros de día no llegan a 600 en todo el Estado, con un número total de menos de 15.000 plazas” y “el número de centros residenciales apenas sobrepasa el medio millar – 580 – con un número de plazas inferior a 20.000”. Todo esto se puede ver, leer, e incluso “comprender” en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, en la sesión nº 222 de la VIII Legislatura, celebrada el miércoles 9 de marzo de 2005. Además, esa entidad proclamaba la necesidad de la participación monetaria del usuario en la financiación del servicio o la prestación económica que recibiera en la conocida ahora como “Ley de Dependencia”. Su franco SI al copago era rotundo y también está en ese mismo documento. La intervención del entonces presidente de la “madre de todo el movimiento asociativo de la discapacidad” no tiene desperdicio. Recientemente he tenido ocasión de releerla porque aquellas palabras coincidieron con la primera intrusión del Foro de Vida Independiente en las Cortes Generales de la que yo tengo noticia y sentía curiosidad por saber quién dijo qué.
Al final las palabras de CERMI y compañía se impusieron sobre todo lo demás y ocurrió, en lo que respecta a residencias, algo parecido a lo que en su día pronunciara Alfonso Guerra; que a España no la terminó reconociendo ni la madre que la parió. El hecho es que, si CERMI no mentía entonces ni el IMSERSO miente ahora, las personas en residencias han pasado de 20.000 a más de 150.000. A pesar de que la tendencia no varía excesivamente, desde la cada vez más ensimismada Unión Europea se limitó hace pocos años el uso de sus fondos sociales para la creación y mantenimiento de este tipo de centro. No queda muy bonito que diferentes instituciones públicas utilicen parte de nuestro dinero para la construcción y renovación de esas instalaciones. Sin embargo, el archipiélago Gulag de la vida dependiente ya está bastante extendido.
Las asociaciones que le rinden homenaje a CERMI con un negocio que rinde pingües beneficios, así como las autoridades que ven facilitado su trabajo de granjerización, no están dispuestas a dar su brazo a torcer ante la cordura sin llevarse un trozo enorme del pastel de la libertad de quienes necesitamos apoyos técnicos y humanos para desarrollarnos plenamente. Ahora que se ha mostrado mediante experiencias prácticas, estudios académicos e intervenciones políticas que hay opciones mejores a los centros residenciales y otras instituciones en las que la persona no tiene ni voz ni voto, los representantes de la opresión se defienden como gato panza arriba. Resulta que ahora que se siguen cosechando los frutos de la dependencia en España, la vida independiente (con la asistencia personal por bandera) es una tarta demasiado golosa como para dejarla pasar sin darle numerosas dentelladas.
Las dentelladas y mordiscos se traducen en zancadillas de todo tipo a quienes no comulgan con sus imposiciones, apropiación indebida de conceptos y formas de vivir diferentes a las preconcebidas, simulación de instituciones en forma de supuestas maneras de vida de libre elección o formar un nuevo negocio llevado a cabo a su manera menospreciando a quienes realmente han sudado la gota gorda para implantar un sistema de vida que proporciona liberación.
La nueva línea de negocio se puede ver reflejada en la imposición de exclusivos requisitos para optar a la asistencia personal tanto por parte del usuario como del trabajador; restricción del acceso a la asistencia a determinados tipos de personas según sea su edad, ocupación o lugar de residencia; tampoco es poca cosa reescribir la historia para cambiar unos protagonistas por otros (lo que hace pensar en la objetividad y autoridad de quien escribe un relato); negar o dificultar ciertos tipos de contratación de tal modo que todo quede en casa; y otras hierbas del montón.
Simplemente no es cierto que exista un derecho humano fundamental que pueda ser usurpado por determinados grupos de poder a su vez favorecidos por los poderosos, que se consideran y erigen en proveedores únicos, dueños y garantes del mismo. La vida independiente con el apoyo humano de la asistencia personal está reconocida internacionalmente y es patrimonio de cada persona individual, a la que no se le puede hurtar su libertad de elección.
Mientras, las administraciones autonómicas silban y miran al tendido, al tiempo que la administración general del Estado tiene pavor a privatizar por completo este sistema. Un verdadero sistema de vida independiente incluiría el pago directo al INDIVIDUO (bastante privado) para tener la opción de contratar su asistencia personal de la manera que estime oportuna. En cambio, se pretende que el dinero necesario recorra extraños vericuetos, pasando por diferentes intermediarios, hasta llegar al usuario final de modo indirecto. A mi modo de ver, las diferentes opciones no son excluyentes del todo a pesar de la prevalencia que se le debe otorgar a la que no tiene aditivos ni mejunjes extemporáneos. Pese a todo, se pueden compaginar, están condenadas a convivir: juntos deben cohabitar los que eligen ceder parte de su autonomía personal a empresas y organizaciones con mayor o menor ánimo de lucro, con los que prefieren la autogestión de su asistencia contratando a sus empleados de una manera directa.
Lógicamente, se financia generosamente al interlocutor más cómodo para el gobierno de turno, y así parece que se está haciendo mucho pero la realidad es que no cambia sustancialmente nada. Como siempre, la autoridad es generosa con el dócil y avarienta con quien no dice sí a todo. Pero en esta ocasión como en muchas otras lo cómodo y confortable no tiene que ver con lo válido donde la lealtad y discernimiento de unos principios elementales distan mucho de la sumisión.