Viva la Guardia Civil

Hoy es un buen día. Abrir un correo en el que te trasladan la noticia de que han condenado a un profesor, por calentar a un alumno autista de 11 años, consuela la pesadumbre que me han producido sentencias que, ante hechos parecidos, han resuelto absolviendo al denunciado. Sí, ya sé que es imposible sancionar si no se demuestra la culpabilidad y ello es complicado cuando el agredido es una persona con diversidad funcional mental o intelectual.

Viva la Guardia Civil

Lo jodido del asunto radica en que algunos padres de alumnos con necesidad de apoyos por su diversidad intelectual o mental, tragan y callan; mientras giran la cabeza para otro lado quienes conocen los hechos y no los denuncian o los justifican. Un corporativismo mal entendido ha llevado con frecuencia a negar o justificar malos tratos, estigmatizando a profesores que los han denunciado y testificado. No se puede educar a los alumnos en valores que no se practican. El caso Placeat (2004) o Camposoto (2010) resuenan en mi memoria …. y bolsillo.

En el caso de la noticia parece que, como casi siempre, fueron los padres los que denunciaron los hechos (la sentencia da como probado que:”cogió por las orejas” y “levantó del suelo, pegándole después una torta”) en el cuartelillo y lejos de desincentivarles a presentar la denuncia, investigaron los hechos que acabaron con una sentencia del juez de Instrucción Nº 1 de León.

Luego, en el caso que nos ocupa, hay cuestiones menores que me llenan de alegría: el hecho de que el condenado pague una multa de 60 euros y las costas, o que el agresor fuera alcalde; afortunadamente el partido se ha apresurado a condenar los hechos y expulsarlo. Por otro lado estoy seguro de que la administración educativa, una vez dictada sentencia, actuará en el orden sancionador que le es propio. Máxime cuando la agresión se perpetró delante de sus alumnos, que en ningún momento pueden deducir que la agresión a un “discapacitado” sale gratis.

La sombra de preocupación que me queda la constituye el hecho de que el juez no haya dictado orden de alejamiento, porque existe el riesgo de que los denunciantes acaben sufriendo la presión del entorno docente y ello repercuta en el alumno. La inclusión educativa conlleva el que se pongan los recursos necesarios para que los alumnos con necesidad de apoyos los tengan allá donde se encuentren; no el que se pongan los recursos donde se quiera y obligue, de esa manera, a que quien salga de su entorno vital sea el alumno. Al tiempo que alivian la sensación de impotencia y frustración del profesorado que se ve desbordado por la carencia de recursos y orientación.

Sobre los centros de exclusión ya me pronuncie en su día en un artículo, del que aquí reproduzco una parte: “No entiendo porque siguen existiendo aulas y centros de exclusión. En 1994 en una conferencia mundial, celebrada en Salamanca, sobre educación especial se estableció que la educación debía ser inclusiva, en el entorno ordinario con los apoyos personales y materiales necesarios en cada caso. Que los centros de educación especial existentes debían de derivar hacia centros de recursos y formación del personal docente que tuviera que interactuar con personas con necesidades singulares de apoyo. Es decir, que los centros de educación especial debían ser centros para los profesores, no para los niños. Y todo eso se firmó, quizá bajo los efectos de un Montilla o un buen fino. Diez años después se repitió la conferencia para analizar la situación de la educación y se aprobaron las mismas resoluciones.”

Ya sé que ahora saldrán expertos de todo pelaje y calidad diciendo que digo tonterías y hablo de utopías, que: sesudos trabajos, informes, dictámenes,… dicen que “educación especial” segregadita. Pero saben qué, pues que eso se lo expliquen a los italianos, que desde hace muchos años mantienen a todos los alumnos en las aulas ordinarias, poniendo los recursos y apoyos que precisan los “cascaos”. O al padre que no podía escolarizar a uno de los mellizos porque tenía parálisis cerebral y en un informe decía que precisaba una persona de apoyo continua; el caso es que lo ha escolarizado a sus hijos en otro centro y no tiene persona de apoyo continuo.

Afortunadamente disfrutamos de un periodo de generación ética y moral, por lo que procede que se denuncien todas las violaciones de derechos que se produzcan con las personas en desventaja social. No solo es cuestión de números especiales (016), es cuestión de que quien tenga conocimiento de una posible violación de derecho de una persona en desventaja social (mayores, persona con diversidad funcional: física, intelectual, sensorial, mental; marginado social,….) lo denuncie y, al margen de que los poderes públicos (policía, fiscalía, administración competente,…) actúen, se cree una cadena de protección hacia la víctima y de rechazo del agresor. Creo que el partido y la administración educativa estarán a la altura que les corresponde.

Siendo conocedor de tantos y tantos casos en que hechos semejantes han sido tapados por el entorno del agredido, el del agresor, fiscales, jueces…. Probablemente porque nunca tuvieron de compañero de clase a un alumno “diferente” y no conocen su realidad, porque se les ha imbuido el modelo medico-rehabilitador que secularmente a segregado al diferente que precisa apoyos. Este caso me lleva a gritar: ¡¡ VIVA LA GUARDIA CIVIL!!

Valencia, 24 de octubre de 2013