Me parece insultante que la manera de compatibilizar el derecho a la vida y a la integridad física y moral con libertad y autonomía de la voluntad individual sea elaborando una ley que regule la eutanasia. Me opongo a la propuesta dado que el mismo grupo parlamentario proponente no facilita la vida independiente con apoyos técnicos y humanos a las personas deshabilitadas y a las personas con enfermedad.
Observo con incredulidad que una ley de este calado esté reservada a las personas con enfermedades graves e incurables y a personas con discapacidad grave y crónica, padeciendo un sufrimiento insoportable. Si se ha de regular la eutanasia debe hacerse sin señalar a ningún colectivo concreto, apuntarnos es tan ridículo como que alguna persona dijera que solo a los votantes del partido socialista les está reservado solicitar la eutanasia (pasiva o activa, por omisión o comisión, informada o desinformada, cumpliendo una serie de plazos o sin cumplirlos).
Los plazos impuestos para ejecutar la eutanasia desde el principio del procedimiento hasta su fin son incomparablemente breves en relación con la habitual parsimonia de nuestra administración general. Ojalá fuéramos igual de ágiles para todo. Contrastan los días previstos para el proceso completo con los largos años que lleva aplicar políticas efectivas para facilitar la vida independiente de las personas desahuciadas por discapacidad. Hay una prisa desmesurada e inexplicable para aprobar y llevar a cabo este proyecto de ley de eutanasia. No ocurre lo mismo con la aplicación de leyes y tratados internacionales de obligado cumplimiento. Aplicar la CDPD no es un imperativo moral, es un imperativo legal. No vale con firmar la Convención y luego pasársela uno por la rabadilla.
La definición de discapacidad a efectos de esta ley denominando a las personas con discapacidad “pacientes” nos retrotrae a tiempos pretéritos y a modelos obsoletos y superados desde la aprobación de la convención de derechos de las personas con discapacidad. Cuestiono el olvido de que toda persona es producto de sus características personales y de las características del entorno que le rodea. Antes que plantear una norma de este tipo, quedarían muchos obstáculos y barreras, mentales, físicas y sociales que solventar. La falta de voluntad política en este sentido ha sido y es patente en este gobierno y anteriores.
Se produce, en esta ocasión, un daño irreparable además contra las aquí denominadas “personas en situación de incapacidad de hecho”. Estos individuos no pueden reiterar su petición en los plazos establecidos. Por otro lado, el consentimiento informado puede variar, en función de los avances científicos y descubrimientos tecnológicos de un momento a otro por lo que la información en el momento de la solicitud puede no ser válida en el futuro.
El frecuente uso de justificar las acciones propias mediante alusiones a las de “países de nuestro entorno” no es válido pues nunca se identifica con nombre y apellidos los países a los que nos referimos. Por otro lado, con la globalización, el recurso a los países de nuestro entorno es más inútil que antes, ya que en menos de un día se pueden recorrer los países que más influyen sobre nosotros.
Por todo lo anterior: especialmente la equiparación de discapacidad a enfermedad insoportable, los dos supuestos establecidos, la ausencia de políticas propiciatorias de vida independiente y la incomodidad de vivir bajo el ojo vigilante de un francotirador permanentemente me opongo a la aprobación de esta ley.
Nota: No quiero ni pensar en lo que les puede suceder a las personas incapacitadas legalmente.