Según define la Observación General número 5 de 2017 sobre la vida independiente cuando describe los entornos institucionalizados, estos centros de internamiento tienen varios rasgos en común. A pesar de que muchas de estas instituciones son prácticamente “hoteles de lujo” debido a sus instalaciones, lo que en realidad las define es su modo de organización y otras materias que tienden a deshumanizar a la persona discapacitada.
A pesar de que se han hecho esfuerzos por mejorar las instalaciones en las que sobreviven las personas internas en estos centros, el asunto no es que dispongan de solárium, piscina o dormitorios con cama elástica. Lo cierto es que no se ha afrontado seriamente el proceso de desinsitucionalización que esta Observación General señala. Ella nos explica el contenido del artículo 19, relativo a la vida independiente incluidos en la comunidad apuntando que consiste en simultáneamente y con los redaños suficientes pero de forma ordenada y planificada, sustituir los centros institucionalizados por servicios comunitarios de apoyo a las personas discapacitadas como la asistencia personal o las viviendas con apoyos, y/o por servicios comunitarios accesibles a estas personas ya existentes: bibliotecas, centros de salud, instalaciones deportivas, museos, salas de cine, medios de transportes, y todo lo imaginable.
Lógicamente, decirle a alguien que está incumpliendo la legalidad vigente, sobre todo cuando estos lugares suponen una solución socialmente bien vista para encargarse del cuidado de las personas invalidadas, no le convierte a uno en el chico más popular del instituto. No, ni de lejos se convierte uno en la persona más receptora de amistad cuando lleva años señalando a la autoridad (autoridades porque pasa que todos los grupos políticos sin excepción justifican la reclusión de parte de este grupo en centros institucionales de una u otra manera) porque utiliza el dinero del contribuyente para perpetuar e incrementar impunemente un sistema de segregación y nos bombardea con la idea profundamente imbuida, incrustada en la sociedad de que las residencias responden adecuadamente a los requerimientos de las personas con necesidad de vida independiente en la comunidad.
La citada Observación General del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que
Si bien los entornos institucionalizados pueden variar en tamaño, nombre y organización, tienen ciertos elementos inherentes, como el hecho de compartir de forma obligatoria los asistentes con otras personas y la escasa o nula influencia que se puede ejercer sobre aquellos de quienes se debe aceptar la ayuda; el aislamiento y la segregación respecto de la vida independiente en la comunidad; la falta de control sobre las decisiones cotidianas; la nula posibilidad de elegir con quién se vive; la rigidez de la rutina independientemente de la voluntad y las preferencias de la persona; actividades idénticas en el mismo lugar para un grupo de personas sometidas a una cierta autoridad; un enfoque paternalista de la prestación de los servicios; la supervisión del sistema de vida; y, por lo general, una desproporción en el número de personas con discapacidad que viven en el mismo entorno.
Este, por así decir, apartheid institucional, lo financiamos todos los que pagamos impuestos a través de partidas económicas de las diferentes autoridades: central, autonómicas, provinciales y locales. Esto es lo habitual, aceptado por todos y más frecuente. Por supuesto, es ilegal si nos creemos lo que dice sobre igualdad y no discriminación la propia Convención, o ya puestos si le damos crédito a la Constitución Española. Y todavía habrá quien diga que si los fondos para construir, mantener y rehabilitar dichos centros son privados, el carácter del centro pasa a ser legal. Bien equivocado está quien piense eso, utilizar fondos privados con fines de marginación tampoco es legal.
Sin embargo, curiosamente la entidad encargada por las autoridades nacionales de hacer un seguimiento con informes periódicos al comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (de acuerdo con el artículo 33 de la propia Convención) tiene como socios fundadores y ordinarios otros entes que siguen promoviendo la institucionalización de los inhabilitados. Esa organización que dice representarnos se denomina CERMI y hace como establece el Evangelio de Mateo: mientras con la mano izquierda organiza leves actos contra la institucionalización como una exposición fotográfica, con la mano derecha impulsa la construcción de nuevos acuartelamientos. Este entramado de nuevas edificaciones, empleos, ninguneo y malos tratos incluye a los partidos políticos de derechas, izquierdas, nuevos y viejos; y organizaciones asociadas a CERMI que se proclama redentora del gremio. Todo lo expuesto anteriormente me lleva a afirmar que la indefensión por parte del ciudadano es inmensa.
Con esto y un bizcocho, mañana seguro que nadie me saca a bailar, aunque ya estamos fuera de temporada de bailes de fin de curso. Ese será buen motivo.
