Esto es un atraco o el repago

La ley de promoción de la autonomía personal (LEPAP) establece la participación de los beneficiarios en su financiación; lo cual es discriminatorio, por cuanto los otros tres pilares del estado del bienestar son gratuitos. Bueno, gratuitos no, porque los pagamos todos los españoles mediante los impuestos (IRPF, IVA, …), al igual que financiamos la inversión social en atención a las personas con discapacidad en talleres ocupacionales, centros de día, viviendas tuteladas,….

Esto es un atraco o el repago

La justificación que se da en el preámbulo del decreto 113/2013 del Consell de la GV, para el cobro de servicios a discapacitados no dependientes, es lamentable. Aquí y ahora digo que esta norma será anulada por los tribunales; aunque para cuando ocurra los responsables no estarán para comerse el marrón y, lo que es peor, los daños causados tendrán difícil reparación. Necesitamos más jueces y medios para ellos; y menos cuerpos de seguridad para acompañar a responsables políticos en actos públicos que le restan tiempo en la mesa de trabajo del despacho.

Y es que el razonamiento que justifica la implantación del pago por parte de cascaos es de manual de trilero. La ley establece el “repago” (porque ya hemos pagado con los impuestos) de las prestaciones establecidas en la LEPAP: Teleasistencia, SAD, centros de día y noche y residencias. Prestaciones que legalmente corresponden a los beneficiarios de la LEPAP y no a quien no lo es.

La maniobra de equiparar dependencia y discapacidad es torticera, puesto que si bien todos los dependientes son discapacitados (los que necesitan apoyos para las actividades básicas de la vida diaria: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas y la movilidad esencial) no todos los discapacitados son dependientes. Es más, la LEPAP establece que las prestaciones por ayuda de tercera persona que tienen reconocidas los discapacitados, se descuentan de las prestaciones de la LEPAP. Eso que lleva adelantado la administración estatal.

Pero el quid de la cuestión radica en que las administraciones, para justificar el atraco a los discapacitados, equiparan discapacidad y dependencia; incluyendo el gasto en discapacidad en la dependencia, a la hora de informar sobre el gasto de la LEPAP. Y lo mismo hace cuando da a conocer los gastos en discapacidad, da como gastos en discapacidad la suma de lo gastado en los dos colectivos. Después minora el gasto en discapacidad. Y remata la faena estableciendo el pago a los discapacitados no dependientes por servicios cubiertos por los fondos minorados a las partidas de discapacidad.
Si a esto sumamos el oír que “el que no tenga ingresos no pagará”, la cosa adquiere unos tintes… para decir eso no hacen falta estudios, mi abuela ya lo decía: “de donde no hay no se puede sacar” . Y no se puede esconder el sobresfuerzo económico que conlleva la discapacidad, plasmado, entre otros, en el “Estudio del agravio comparativo económico de las personas con discapacidad de la ciudad de Barcelona” . Ese estudio, del 2006, establecía un sobrecoste entre los 15.000 y 56.000, en función de las limitaciones funcionales y necesidad de apoyos personales. Otro informe de FEAPS, del 2008 llega a las mismas conclusiones y, dicen las malas lenguas, que informes de ese tipo han alimentado las chimeneas de La Moncloa, muchos inviernos.

Estoy de acuerdo en que el que más tenga que más pague, pero no en que el que tenga más discapacidad pague más; los impuestos son los que determinan la aportación de los contribuyentes a todos los gastos. Por cierto, no conozco a ningún cascao que evada dinero a paraísos fiscales, aunque sus ingresos personales superen el IPREM (532,51 euros/ mes).

Justo, mi amigo el leguleyo, dice que cuando se cocinaba la LEPAP se hablaba de “yacimiento de empleo” que crearía 300.000 puestos de trabajo y, mira tú por dónde, ahora resulta que también es un “yacimiento recaudatorio” en forma de tasas y “repagos”. Quizá se deba a que el Alzheimer ha hecho estragos en los representantes políticos que durante 2005 y 2006 predicaban en los medios de comunicación las bondades de la LEPAP.

 Mitin central PP-CV elecciones municipales 2011 – Alberto Fabra, F. Camps, discapacitado, M. Rajoy, Rita Barberá, Alfonso Rus y Sonia  Castedo

Cuando Justo explicaba lo de que la Troica nos obligaba a recaudar más y que los alcaldes se habían escandalizado por el expolio a los cascaos, saltó Marcial diciendo: “Eso mismo pasó en la Guerra de la Independencia”, que Carlos IV y Godoy regalaron la soberanía y tuvo que ser el pueblo, con los alcaldes a la cabeza, quienes se negaran a aceptar que mandaran los de fuera. Hoy la dignidad de los valencianos está en juego y por más que una Consellera intente explicar a los alcaldes las bondades del expolio a los cascaos, estos saben que los burros no vuelan y que los máximos dirigentes han comprometido públicamente su compromiso de atención a los cascaos.

Toni Rico vino a la reunión, su padre estaba cabreado, decía que él había pagado los impuestos cumpliendo la legalidad por convicción moral, para que con ellos se cubrieran los presupuestos; y el hecho de que la LEPAP estableciera que «los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas según el tipo y el coste del servicio y la capacidad económica del beneficiario», le parecía una infamia. Si él pagaba IRPF en función de su capacidad económica, no tragaba con que ahora se le condicionara la atención de su hijo en función de una renta que ya había sido tenida en cuenta a la hora de pagar el IRPF y los impuestos de sociedades. “¿Para qué cojones se utilizan los impuestos? ¿Por qué no puede mi hijo beneficiarse de una prestación por la que yo he cotizado en función de mi renta? ¿Por qué quien viaja en AVE o avión paga sin tener en cuenta su capacidad económica?”.

Pero el mosqueo del padre de Toni era mayor, cuando vino a recogerlo nos dijo que una alcaldesa, amiga de él, le había dicho que la Consellera había asegurado que los menores usuarios de Centros de Atención Temprana, no “copagaban” al no tener capacidad económica individual. “¿Y si es así como es que Carmen, con dos hijos dependientes le ha rebajado la prestación de 807 euros al mes, a 40 (20 por cada uno).? Porque los dos son menores y su capacidad económica individual es cero. Lo de vincular la capacidad económica de los familiares a las prestaciones es ilegal y será anulado por los tribunales como lo fue en el caso del subsidio de ingresos mínimos establecido en la LISMI. (STS 10270/1986 del TS)”

No alcanzo a comprender por qué se tiene que pagar por ir a un centro ocupacional. Si un cascao severo tiene que pagar por el “puesto de trabajo”, en función de la renta de la unidad familiar, se puede dar el caso de que si haces números, la prestación no cubra el importe de coste de acudir al servicio. Nadie se plantea poner un “copago” a los trabajadores afectados por la reconversión naval, el mantenimiento de la minería, mantenimiento del sector del automóvil,…. Vamos, que tal como yo lo veo, en ese gasto en mantener puestos de trabajo no se le cobra un “copago” al trabajador, porque de hecho se estaría reduciendo su salario y posiblemente el de toda la unidad familiar.

Los ciudadanos pagan los impuestos (IRPF, IVA,….) en función de su renta. Pero lo que me preocupa, y mucho, es que a los cascaos sí que se atreven las administraciones a ponerles un repago, y eso es terrible. Porque si se mira para otro lado, la historia nos dice que el casquerio es el banco de pruebas en el que se inoculan las atrocidades que pasado un tiempo se aplicaran a otros colectivos sociales. El “coste social” se utilizó como argumento para llevarse por delante al casquerio alemán en tiempos del nazismo, la sociedad miró para otro lado y aceptó lo del coste que suponían, para después encontrarse con que se llevaron por delante a: judíos, gitanos,…. Y a todo aquel que les parecía.

De momento ya he leído que un tutor de acogida ha devuelto al juez a un cascao. Se trata del primero, porque conforme la gente haga cuentas de lo que cuesta mantener un cascao, el número va a crecer. De momento yo ya estoy echándolas para entregarme con armas y bagaje. Si no, al tiempo. Lo único bueno que le veo a la medida, de implantar el “repago” a los cascaos en la CV, es que va a servir de banco de prueba para que las demás comunidades autónomas no extiendan el expolio.

Valencia, 18 de febrero de 2014