Gallegos sin autonomía

GALICIA. Se sienten “disciudadanos”. Reclaman su derecho a tener un asistente personal que les dé la independencia que la naturaleza les ha negado, alguien imprescindible para poder levantarse o salir de casa, como recoge la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU.

Miembros de VIgalicia[Clic para ampliar la imagen]

Hubo un tiempo en el que los gallegos cogieron la maleta y emigraron en busca de una vida mejor. Años después, un grupo de personas con diversidad funcional –prefieren esta definición a otras, como minusválidos, por las connotaciones negativas– se plantean repetir la historia porque “en Galicia somos disciudadanos. A lo mejor tengo que pedir asilo político en Noruega, donde desde hace 30 años se respetan los derechos humanos de todos y las personas con disfunción funcional tienen la asistencia personal como un derecho más, como el del voto, que nadie les puede quitar”, denuncia José Antonio Novoa, miembro del Foro de Vida Independiente y uno de los fundadores de VIgalicia.org (Vida Independiente de Galicia), la primera asociación española de personas con diversidad funcional con necesidad de asistencia personal para la vida diaria bajo la filosofía de vida independiente.

“Un asistente personal (AP) no es una ayuda a domicilio, ni un empleado del hogar, que no se equivoque nadie; es nuestra sombra, no tiene que verse, ni puede hacerse ver. No es caridad como creen los políticos, es un derecho, como recoge la ONU en su Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, que España ha ratificado pero incumple”, definen Novoa y otros compañeros de VIgalicia. En verdad, el asistente personal es la figura que les permite hacer lo que la naturaleza les impide, cada uno según sus circunstancias y ritmo de vida: levantarse, acostarse, bañarse, vestirse, descolgar el teléfono, llevarle al trabajo…

En 2005 empezaron en VIgalicia a luchar hasta que el Parlamento de Galicia aprobó una Proposición no de Ley que instaba a la Xunta a poner en marcha un programa de Asistencia Personal que sirviera para instaurar esta prestación universal en Galicia. Así, en octubre de 2007 comenzó el Proyecto Piloto, por el que los solicitantes recibían 40 horas de asistencia personal semanales, de lunes a sábado laborables y en horario diurno. “Las autoridades consideran que tenemos que acostarnos de día, y los domingos y festivos ni nos levantamos de la cama ni salimos de casa –dicen desde VIgalicia con ironía gallega–, pero, bueno, como era un proyecto piloto lo aceptamos. Era un primer paso”. Su sorpresa llegó cuando desde la Secretaría General de Bienestar de la Xunta les anunciaron que en septiembre de 2008 se ponía fin al programa y, por tanto, fin a su derecho. “Nos manifestamos y por las presiones aceptaron prorrogarlo un año más en las mismas condiciones. ¡Mentira!”, se indignan. “Hemos pasado de 40 a 30 horas semanales. Si nos pasamos de horas, tenemos que pagarlas y nos lo venden como un avance. Ha prevalecido la economía a la necesidad humana y no es un problema de recursos, sino de mala gestión. Ahora estamos obligados a contratar a alguien a tiempo completo con nuestro salario. Y aun así me tienen que echar una mano mi primo, mis amigos o mi padre”, se queja José Antonio Novoa, que añade: “Se ha desvirtuado el proyecto. No creemos en la imposición de horas, sino en que cada uno tenga las que necesite en función de su situación y su vida, como en Madrid o Barcelona (ver recuadro), que es la base del movimiento de Vida Independiente. Exigimos el control de nuestras vidas, pero las autoridades tienen miedo a que seamos libres”.

Desde la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar de la Xunta aseguran que, a pesar de la reducción de horas de asistencia semanales, el número de personas beneficiarias se ha aumentado de 30 a 40 personas y que “se ha mejorado la atención de los ámbitos personal, educativo y laboral”. La Xunta además asegura que “ahora se garantiza una prestación cuyo coste será, como máximo, de 1.300 euros mensuales por beneficiario”.

El caso de Marita Iglesias, otra de las precursoras del movimiento de Vida Independiente de Galicia, ha sido el más alarmante: fue usuaria en el primer año del Programa Piloto de Asistencia Personal y ahora se ha quedado fuera. “La Fundación Gallega para el Impulso de la Autonomía Personal (Funga) de la Xunta me obliga a que una entidad subcontratada para la gestión del programa –Cogami (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad), entidad sin ánimo de lucro, según su web– me realice un informe social y no aceptan el que les entrego de un funcionario público. No puedo admitir que una entidad privada tenga información confidencial mía”, explica Marita, que no se ha quedado de brazos cruzados e incluso ha escrito a Anxo Quintana, vicepresidente de Igualdad y Bienestar de la Xunta y presidente de la Funga. Pero no hay respuesta. Resultado: excluida del programa. “He presentado un recurso de alzada contra la resolución. Sospecho que no van a contestar; pero si agotan los tres meses de silencio administrativo, comenzaré el proceso judicial”, amenaza Marita, casada con Juan José Maraña, también con diversidad funcional, “con un 75 por ciento de minusvalía, pero la Xunta decidió que no tiene derecho a AP sin mirarlo”. Con este panorama, Marita reconoce: “No puedo pagar un AP para los dos todos los días”. Es uno de los “injustos” términos en las que ha desembocado aquél proyecto que diseñaron hace años: “La contratación del AP no es nuestra, es de Cogami. Nosotros deberíamos ser los jefes, puesto que somos los usuarios y tenemos que tener una relación tan íntima y de confianza. Incluso hay quien no ha podido ni elegir a su AP”.

Viajar a Zamora cuesta mil euros

Mónica Forteza [clic para ampliar la imagen]Mónica Forteza, con distrofia muscular, confía en que este año la Xunta le conceda un AP. Mientras, se sigue enfrentando a los problemas, que le indignan. “Mi discapacidad no me enfada, la asumo; pero no quiero asumir las dificultades que la Administración convierte en problemas porque de ello depende mi calidad de vida”. Y sabe de lo que habla: Mónica tiene que viajar a Zamora a recoger un perro de asistencia, pero no puede hacerlo en tren porque tiene una silla de ruedas eléctrica, que no se puede plegar, y no tienen dónde colocarla. “La solución que me queda es un eurotaxi, que desde A Coruña me cuesta 1.000 euros ida y vuelta, el mismo trayecto que al resto les cuesta 60 euros. Las autoridades deben dar soluciones si no quieren encontrarse con problemas de aislamiento social”.

2/3/2009. FUENTE: Interviú.es

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